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Estados Unidos enfrenta un escenario crítico que pone en riesgo la continuidad del Seguro Social, el programa que sostiene las jubilaciones y pensiones de millones de residentes. Las nuevas proyecciones revelan que, sin ajustes urgentes, los pagos podrían sufrir una reducción obligatoria en una fecha ya marcada en los informes oficiales.

El Gobierno evalúa medidas extraordinarias para evitar que todas las prestaciones se reduzcan sin excepción, en un contexto financiero cada vez más ajustado.

¿Por qué se reducirán todas las jubilaciones y pensiones del Seguro Social y cuál es la fecha límite?

Según la Administración del Seguro Social (SSA), el fondo fiduciario principal se agotará en 2034. Desde ese año, el programa solo podrá cubrir alrededor del 81% de los beneficios, lo que provocará una reducción automática y generalizada en todas las jubilaciones y pensiones del país.

Para evitar ese recorte, se analizan opciones como elevar el tope de ingresos sujetos a impuestos, aumentar los aportes de nómina o ajustar beneficios de manera automática en períodos de déficit. Aunque la administración de Donald Trump prometió no recortar la jubilación tradicional, sí impulsó cambios en SSI y SSDI, que podrían afectar a más de 14 millones de personas.

Según la Administración del Seguro Social (SSA), el fondo fiduciario principal se agotará en 2034. Fuente: archivo.

¿Cómo impactará el fin del Seguro Social en los jubilados y pensionados actuales y futuros?

El Ejecutivo evalúa endurecer los criterios de elegibilidad en programas complementarios como SSI, que asiste a personas mayores y a quienes tienen discapacidad con bajos ingresos. De aprobarse, miles podrían perder el beneficio o recibir montos más bajos cada mes.

También se discutieron modificaciones en SSDI, como eliminar el factor edad para mayores de 50 años. Aunque luego la SSA negó un aumento en la edad de retiro, las proyecciones indican que el sistema necesitará ajustes para asegurar su supervivencia financiera.

Consecuencias más probables

  • Unos 400.000 beneficiarios quedarían fuera de los programas complementarios.
  • Reducción de pagos mensuales en SSI y SSDI.
  • Requisitos más estrictos para aprobar solicitudes por discapacidad.