El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, descartó este viernes cualquier posibilidad de “confiscación” o uso alternativo de los fondos administrados por las AFAP y negó que el Gobierno avance hacia una “estatización” del sistema previsional, en declaraciones a En Perspectiva en medio de la polémica política desatada por acuerdos alcanzados en la Comisión del Diálogo Social.

“Las cuentas individuales se mantienen. Aquí no hay ninguna confiscación de fondos, no hay ninguna derivación o posibilidad de uso de esos fondos para otro fin que no sea servir a las jubilaciones”, afirmó Oddone, en respuesta a críticas surgidas tras que el PIT‑CNT informara sobre acuerdos con el Ejecutivo que incluyen una “desvinculación de las AFAP de la administración directa” y un eventual “cambio en la edad de retiro”.

Los señalamientos de la central sindical, divulgados tras una Mesa Representativa, encendieron alarmas en el sistema político y el sector privado.

La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) advirtió que las propuestas podrían implicar un traslado de actividad privada hacia “un ámbito estatal monopólico”. Oddone calificó esas reacciones de “exageración” y pidió: “Tengo la sensación de que, en las últimas horas, el nivel de sobrerreacción que he registrado —solamente en mi teléfono— es extraordinario”, señaló.

El ministro reconoció que en su reciente viaje a Washington el tema previsional fue una de las principales inquietudes de inversores y organismos multilaterales, pero subrayó que los fondos están “blindados” para destinarse exclusivamente a jubilaciones. “Se ha dicho en estas horas que hay un riesgo, eso es absolutamente falso. Y jamás un gobierno uruguayo y el ministro de Economía avanzarían en una aventura de esas características”, enfatizó.

Oddone admitió, sin embargo, que podría modificarse la “relación comercial” entre las AFAP y sus clientes, aunque no detalló cómo sería ese cambio ni en qué plazos se implementaría. Precisó que cualquier reforma aún debe prosperar en el debate interno del Poder Ejecutivo y, eventualmente, ser remitida al Parlamento como proyecto de ley.

Sobre la edad de retiro, el ministro fue categórico: “se va a mantener en los 65 años”, aunque señaló que se evaluarán “mecanismos de jubilación anticipada que no afecten la sostenibilidad del sistema”, añadiendo que esos retiros anticipados tendrían “una tasa de reemplazo diferente”.