En octubre de 2005, en California (Estados Unidos) entró en vigencia una ley que apuntó a restringir la venta a menores de aquellos videogames que pudieran considerarse violentos. La Assembly Bill número 1.179 estableció que los juegos cuya trama incluyera asesinatos, mutilaciones, desmembramientos o abusos sexuales, así como figuras humanas sometidas a tratos especialmente atroces, crueles o depravados, son capaces de tornar los niños más propensos a experimentar sentimientos de agresión (...) y a exhibir un comportamiento violento agresivo o antisocial. En consecuencia, cada juego que se ofreciera dentro del Estado debía contener la advertencia correspondiente y quien vendiera uno a un menor de 18 años podría sufrir una multa de hasta 1.000 dólares.

Entre los fundamentos de esta norma se citaron algunos ejemplos impactantes. Hay un juego, School Shooter, que recrea la llamada masacre de Columbine, en la que fueron acribillados 12 estudiantes. En otro, el objetivo es violar a una madre y a su hija. En Limpieza Étnica, un francotirador puede hacer puntería entre judíos, negros o latinos. Y en JFK Reloaded se le debe que disparar en la cabeza al ex presidente John Kennedy, mientras pasea por Dallas, como lo hizo en 1963 al ser asesinado. El autor de la ley que pretendía limitar la venta de estos juegos fue un senador republicano, Leland Yee, psicólogo infantil y vocero de una corriente de opinión que concluye que hay una relación directa entre el consumo de este tipo de productos y las conductas violentas.

La sanción de la norma generó, además de un gran debate, una serie de respuestas por parte de la creciente industria de los vidoejuegos; finalmente, semanas atrás, la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró inconstitucional la ley. En síntesis, la Corte dijo que los videojuegos son una forma de expresión como cualquiera, merecedora de la misma protección contra la censura que fija la Primera Enmienda. Como un libro, una revista, una crítica política o como una obra de arte.

El juez Antonin Scalia lo planteó así: La lectura del Dante es cultural e intelectualmente más edificante que jugar al Mortal Kombat. Pero esas diferencias culturales e intelectuales no son constitucionales. Los videojuegos violentos, los programas tipo talk shows o las novelas baratas, no son menos forma de libertad de expresión que la Divina Comedia.

El fallo representa un fuerte aval para una actividad que maneja números cada vez más sólidos, ya que el precedente no agrega nuevas limitaciones a las ya existentes en la circulación comercial de los juegos. En Estados Unidos hay un organismo que controla que la caja de cada juego contenga la etiqueta que informe a qué franja etaria está orientada: adultos, jóvenes, adolescentes o niños. En Argentina rige a los mismos fines la ley 26.043, que estipula la leyenda que deberán llevar los envases en que se comercialicen los videojuegos. Nunca se reglamentó su funcionamiento efectivo.

Las ventas por videogames en todos los soportes alcanzaron en 2010 los 25.100 millones de dólares, según publicó este mes la revista Information Tecnology. En nuestro país, la industria mueve ya 50 millones al año, emplea a 2.000 personas y contabiliza 100 empresas. El Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano calcula que el 95 por ciento de la producción local se exporta principalmente a Estados Unidos y Europa.

Los recursos contra la ley de California fueron planteados por la Enterteinment Merchants Associations (EMA), que agrupa el lobby de más de mil firmas del sector. Entre las reacciones a la decisión de la Corte, el prestigioso New York Times se preguntó si la industria usaría este fallo (Brown. Vs EMA) como una carta de indemnidad o aprovecharía el desafío de actuar responsablemente en defensa del interés de los menores, más allá del negocio.

A una solución parecida arribó la Corte el año pasado, al declarar inconstitucional una ley que consideraba delito la posesión de videos sobre tratos crueles a los animales (US vs. Stevens). Sin embargo, esta línea jurisprudencial clara no implica que absolutamente todos los discursos estén resguardados por la Primera Enmienda.

En efecto, lo que hizo la Corte es evaluar la razonabilidad de cada ley en relación al objeto propuesto. El contenido que se pretende restringir -se recuerda en el fallo Brown- debe superar un escrutinio sumamente estricto que aquí no se alcanzó, como si puede ocurrir con la pornografía infantil o, en la Argentina, con las expresiones encuadradas en la ley antidiscriminatoria. Esos serían los (pocos) discursos no protegidos, con la salvedad de que en nuestro país rige el Pacto de Sn José de Costa Rica, al que Estados Unidos nunca adhirió y que fija estándares altos en esta materia.

En el caso de los videogames, el Estado de California no logró demostrar una conexión de causalidad entre la exposición a los juegos llamados violentos y las consecuencias supuestamente perjudiciales en los niños. Según la Corte federal, los efectos verificados [fueron] pequeños e indistinguibles de los efectos producidos por otros medios. El juez Scalia recordó que desde Hansel y Gretel hasta Blancanieves, pasando por la Odisea de Homero, los chicos de todas partes vienen consumiendo imágenes eventualmente violentas.