La Presidente ha presentado una serie de propuestas para reformar la justicia de nuestro país con la supuesta intención de democratizarla. El planteo aparece cuando la relación fría y distante entre el Poder Judicial y la sociedad argentina genera las condiciones para plantear los cambios. La democracia constitucional debe hacer efectivo el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y particularmente el de los grupos con mayores índices de vulnerabilidad. Y las serias deficiencias de nuestro sistema de justicia se deben a la carencia de políticas públicas que la conciban como un servicio para todos los ciudadanos de manera igualitaria. Pero el abordaje de la cuestión por parte del Gobierno está más ligado a sus propios intereses políticos que a los del conjunto de la ciudadanía.

El Consejo de la Magistratura surgió como un intento de lograr una justicia proba e independiente. La idea originaria fue la de la constitución de un organismo con una representación equilibrada, pero plural, que garantizaría junto con su periódica renovación su independencia.

La primera ley que reguló el Consejo de la Magistratura en cuanto a su composición e integración respetaba ese postulado constitucional. Pero la posterior reforma en 2006 lejos de ajustar los problemas de funcionamiento del Consejo, los desajustó más aún de lo que ya estaban. Los cambios implicaron un serio retroceso en el camino de lograr un Poder Judicial independiente. Y ahora se nos presenta la propuesta de elección de todos los integrantes por voto popular, que genera muchísimas dudas y justificados temores. No se observa una verdadera intención de fortalecer la justicia, sino todo lo contrario: parece más una forma de fortalecer las presiones ya existentes del poder político.

En definitiva, más que consagrar el juego partidario en el Consejo, es imperioso respetar la noción de equilibrio establecida en la Constitución Nacional. De esta manera, se logrará evitar el predominio del partido de gobierno, se garantizará la independencia judicial y se asegurará la representación de las minorías legislativas.

Otra serie de propuestas se orientan hacia la apertura a la ciudadanía del Poder Judicial, sobre la necesidad de acceder a un registro de causas judiciales, a las declaraciones juradas de los magistrados. Nuestra fuerza ha reclamado siempre que la justicia tenga una gestión transparente, con mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información pública, y también ha exigido el pago de ganancias, el acceso y seguimiento y control de las declaraciones juradas para conocer la evolución patrimonial de los funcionarios. Y lo cierto es que la Corte Suprema ha iniciado un camino en este sentido al crear la oficina de políticas de transparencia. Pero sin dudas esto solo no alcanza, en este sentido el registro de causas abierto al público merece ser valorado como una medida positiva. En cuanto a la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales lo hemos reclamado desde el mismo Consejo de la Magistratura. Esto ya está vigente por ley como lo mencionó la Presidente aun cuando la CSJN mediante acordada manifestó que una ley no podía regular el ámbito propio de otro poder publico y se excluyó de su alcance.

Sin embargo no podemos dejar de mencionar que este gobierno es el que más labor ha hecho por desarticular cualquier resorte o mecanismo que pudiera develar actos de corrupción en el ámbito público. El único poder que tenía vigente el control de las declaraciones juradas era el Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción, en este sentido era modelo ante los otros dos poderes republicanos. Sin embargo ha sido este gobierno en particular en los últimos años el encargado de vaciar los organismos de control.

Al encararse como una lucha de poder, la apertura de un debate necesario se convierte en una oportunidad perdida, porque en este caso mayor democratización no significa pensar en una justicia accesible a toda la ciudadanía sin barreras económicas ni culturales. Significa someter el debate a una mera puja por el poder, bastardearlo. Postergar más la necesaria reforma o tal vez, lo que es peor, anularla para siempre.