Debe el Jefe del Gabinete de Ministros tener superpoderes que le permitan variar el destino de las partidas presupuestarias? ¿Debe el Poder Ejecutivo tener la facultad de dictar normas que la Constitución encomienda al Congreso, con tal que el Poder Legislativo no se expida acerca de ellas? Muchas opiniones se han vertido. Por eso me parece conveniente comentar que la aparición misma de estas controversias sugiere una especulación en la que sería útil detenerse.

La reflexión puede resumirse en una inquietud: ¿Para qué sirve el Parlamento? La Constitución contiene una respuesta: para hacer las leyes que el Presidente habrá de ejecutar y que los jueces deberán hacer cumplir.

Conviene recordar que entre los siglos XVIII y XIX la democracia trataba, con velocidad desigual según los países, de abrirse paso en las monarquías mediante un proyecto de poder compartido. Se aceptaba primero que el Rey fuera el soberano, un paso más adelante era que el verdadero soberano era el pueblo y otro más, convertir al Rey en una figura simbólica o elegir una suerte de rey temporal que ejerciese efectivamente el Poder Ejecutivo. Esta última alternativa, cuyo modelo es la constitución de los Estados Unidos, fue adoptada por los estados latinoamericanos, incluida la Argentina.

Es difícil decir cuál es la causa y cuál la consecuencia, pero el hecho es que el presidencialismo se adapta mejor que cualquier otra estructura democrática a la tradición caudillista en la que cada grupo lo espera todo de un individuo.

En efecto, quien en cada momento ejerce el Poder Ejecutivo y quienes colaboran con el, sienten que el gobierno está en sus manos y que las consecuencias que de esa gestión deriven caerán sobre sus cabezas. Los ciudadanos comparten esta expectativa, que además es habitualmente confirmada por la propaganda política, como virtud o defecto de una administración dotada de nombre y apellido.

No sucede lo mismo con los diputados y los senadores. Aunque algunos son conocidos, la mayoría son anónimos.

En estas condiciones, los proyectos presentados por los legisladores y los debates que sobre ellos se entablan quedan oscurecidos: el centro de la atención son las políticas emprendidas por el Ejecutivo y la resistencia que a ellas oponga el Congreso.

Es así, como llega a percibirse un accionar que los legisladores históricamente han mostrado con su conducta: el oficialismo está para dar al gobierno las herramientas para gobernar y la oposición está para impedir que continúe esta política inconveniente para la República. Todas estas actitudes excluyen la idea de que el Parlamento tenga una fuerte responsabilidad en el gobierno: por el contrario, suponen que esta responsabilidad corresponde al Ejecutivo y que el Parlamento sirve, como cauce, para el flujo de las acciones del verdadero gobierno.

Así, es más fácil explicar por qué el teorema de Baglini se cumple inexorablemente y por qué el oficialismo desea librarse de la presión parlamentaria, legislar por decreto y manejar a sus anchas el presupuesto, mientras la oposición clama por las instituciones republicanas, la división de los poderes y las atribuciones legislativas.

Por eso pregunto otra vez: ¿Para qué sirve el Parlamento? Una alternativa posible, Reforma Constitucional mediante, es adoptar la democracia parlamentaria. Reservar al Presidente ciertas atribuciones como guardián político de la democracia, instituir un Primer ministro responsable ante el Parlamento y revocable por él, permitir con cierta amplitud la facultad de gobernar por decreto que la Constitución facilita hoy entre líneas, pero reservada a un Consejo de Ministros obligado a rendir cuentas cotidianamente y a dimitir en caso de censura. De esta manera el Congreso podría dictar leyes cuando lo crea conveniente, controlaría al gobierno de manera más estrecha y la estabilidad política dependería de los acuerdos públicos entre partidos.

Claro que esta idea puede ser errónea. Tiene por objeto encontrar un camino. Lo importante es tomar conciencia de que nuestra democracia, recobrada a costa de muchas tragedias, no anda como los manuales de instrucción cívica suponen que debería funcionar. Y que, debemos pensar qué hacer con la realidad que nosotros, contribuimos a configurar.