Tres provincias llevan adelante una modernización de su sistema electoral que genera un efecto demostración en el resto del país y pone en discusión el potencial de convergencia entre los sistemas electorales provinciales y el nacional. Merece un análisis específico la influencia del sistema político bonaerense en el proceso de reforma política nacional.
Salta implementó con éxito en las últimas elecciones provinciales el voto electrónico para el 33 % del padrón. Este sistema se ampliará al 66% en 2013 y al 100% en 2015. Santa Fe llevó a cabo, con amplia aceptación ciudadana, sus primarias abiertas, simultáneas y obligatorias bajo la modalidad de boleta única. El próximo 24 de julio se desarrollarán las elecciones generales en la provincia también bajo este sistema. Por su parte, la boleta única también debutará en Córdoba en las elecciones del 7 de agosto..
La trayectoria de las reformas electorales en estas provincias potencia una tendencia que caracteriza al sistema político argentino e impacta sobre las relaciones entre el gobierno nacional y los ejecutivos provinciales. Se trata de la profundización de la autonomía de los sistemas políticos provinciales respecto del orden nacional, salvo una excepción de amplio peso político: provincia de Buenos Aires.
El final del gobierno de Menem marcó un punto de quiebre en el ordenamiento partidario argentino. Desde principios de la década pasada, impulsados por la necesidad de mitigar el riesgo frente a crisis de gobernabilidad o pérdida de legitimidad del gobierno nacional, varios gobernadores resguardaron su suerte electoral a partir de la habilitación constitucional para desdoblar las elecciones.
Desde ese momento, se debilita la noción de un sistema de partidos nacionalizado y se fortalece una dinámica de federación de sistemas provinciales que el ejecutivo central busca mantener en un contrato de adhesión a partir del manejo estratégico de los recursos económicos. Este año 14 provincias desdoblan sus elecciones y otras 3 (Santa Cruz, Rio Negro y Formosa) todavía no anunciaron fecha.
No es casual que, en las tres provincias que llevaron adelante reformas, el poder ejecutivo provincial cuente con la mencionada facultad. En estas provincias, el ejecutivo local impulsó reglas electorales que profundizan la provincialización del debate político.
La provincia de Buenos Aires es el caso opuesto y de gran interés para entender los límites de la propia reforma política nacional. Aquí el gobernador no cuenta con la facultad de desdoblar elecciones y el debate político está ligado a la discusión nacional, desde el lado del gobierno como de la oposición. La discusión del vice gobernador de Scioli involucra al propio gobierno nacional, al igual que el armado de colectoras de apoyo a la candidatura presidencial o las propias candidaturas testimoniales. Del lado de la oposición, el candidato presidencial de la UCR prefirió sacrificar el armado de una coalición de larga data con los socialistas por su alianza táctica con De Narváez como candidato a gobernador.
La relación simbiótica entre poder nacional y provincia de Buenos Aires explica los límites de la reforma política de fines de 2009. Cuenta con aspectos destacables para la racionalización y democratización del sistema político (pisos de votación, las PASO, modernización de padrones) y otros que sólo tendrán un efecto positivo en la medida que no sean neutralizados por la acción estratégica del ejecutivo (régimen de financiamiento público vs publicidad oficial). Pero hay dos temas en los que no avanzó y que están ligados a esta relación de mutua determinación. Es el caso de la boleta única y las prohibición de las listas colectoras. La boleta única disminuiría el peso del aparato de fiscalización el día de la elección, podría tener un impacto negativo en el potencial de arrastre mutuo entre diversas categorías e impediría en términos prácticos la existencia de colectoras. El status quo garantiza los derechos y obligaciones de ambos contrayentes del contrato de adhesión política entre la nación y la provincia.
El escenario descripto augura un período de divergencia entre las reformas electorales en algunas provincias y el ordenamiento nacional. Este proceso probablemente genere caminos paralelos de determinación del voto que se traducirán, a su vez, en estructuras, estrategias de comunicación y prácticas políticas diferentes.