De acuerdo a las cifras del INDEC, el déficit habitacional registrado en nuestro país en el año 2001 fue de más de 2.600.000 viviendas. Esta cifra representaba un 26.2% de hogares víctimas de esta problemática. En tan sólo 10 años la cifra aumentó hasta llegar a un déficit de 2.644.200 viviendas, elevando el porcentaje del 26,2 a un 27,9% de familias argentinas afectadas por esta situación.

Paralelamente, una investigación realizada por la organización internacional Un Techo para mi País, da cuenta que durante la década 2001-2011 se registró un crecimiento del 16,7% en la cantidad de villas y asentamientos precarios en el conurbano bonaerense. Este relevamiento determinó la existencia de 508.144 familias con problemas habitacionales concretos.

Luego de la crisis del 2001, los sectores inmobiliario y de la construcción se convirtieron en uno de los pilares de la recuperación económica. En el año 2003 registró un aumento del 38% respecto del año anterior y creció por encima del 14% durante los tres años siguientes. Este crecimiento dinamizó la economía interna, generó empleo, y funcionó como refugio de valor y protección contra la inflación para los inversionistas.

A partir del año 2007, y luego con la implementación del cepo cambiario en el año 2011, el sector comienza a dar señales de una desaceleración persistente, registrándose una caída del orden del 31,7% en las escrituraciones de inmuebles en el período 2012-2013 según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el trabajo elaborado por el Decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan José Cruces, desde 1976 hasta 2001 un profesional joven necesitaba 45 sueldos para comprar un departamento, y actualmente se requieren 74 salarios. Es decir, aumentó un 60% la cantidad de salarios requeridos para adquirir la vivienda propia.

A la caída de los salarios en relación a los precios de las propiedades, debemos agregar la baja oferta crediticia para la adquisición de una vivienda a través del crédito hipotecario. Este modelo genera entonces un contraste en donde la vivienda sirve de refugio antiinflacionario a inversionistas, pero priva a las familias de la posibilidad de acceder a la vivienda propia.

Los planes gubernamentales como el Plan Federal de Vivienda o el Plan Inquilinos no han generado un impacto que reduzca eficazmente el déficit habitacional. El Programa de Crédito Argentino (PROCREAR) es positivo en cuanto su transparencia por el mecanismo de adjudicación pública en la operación, y el gerenciamiento profesional para su ejecución.

Pero los créditos individuales lanzados al mercado hasta el momento, constituyen un subsidio explícito a sectores de clase media debido a su baja de tasa de interés. Una verdadera política de Estado respecto a la vivienda debe estar basada en subsidios a la demanda por parte del Estado, la activa participación del capital privado, y una gran inversión estatal dirigida a la generación de infraestructura que respalde los procesos de urbanización de villas y asentamientos precarios, paso inicial para promover una verdadera inclusión.

Queda claro que el problema habitacional de nuestro país no es la falta de viviendas sino las posibilidades concretas de acceso a ella. Abordar el problema implica el desarrollo de un sistema financiero eficiente en donde se generen incentivos para que participen la banca estatal pero también la privada, y así ofrecer servicios de financiamiento competitivos, rentables para los acreedores y viable para los deudores.

Es necesario entonces un país que retome los caminos del desarrollo con un modelo económico equilibrado entre ahorro y consumo, en donde los individuos tengan previsibilidad y capacidad de endeudarse para convertirse en propietarios. La presencia de un Estado que genere instrumentos financieros acordes son, sin dudas, los elementos necesarios para volver a ser una país normal.