Hay preguntas que las nuevas autoridades en telecomunicaciones deben hacerse. ¿Por qué nuestros teléfonos celulares funcionan peor? ¿Por qué Argentina no desarrolla el acceso rápido a Internet, la llamada telefonía móvil 4G? ¿Por qué nuestro país, que estaba en el puesto 90 de conectividad, cayó al 110?

Por causa del monopolio. Esa palabrita, tan usada para denostar a las empresas locales argentinas, se aplica a una de las mayores empresas que operan en nuestro país, ya que concentra 50 millones de accesos a la telefonía fija, móvil e Internet, y a la que ingresan cada año 4.000 millones de dólares por cada una de las dos empresas que la integran.

Telefónica de España es dueña de Telefónica de Argentina y accionista con poder significativo de Telecom Argentina. Un verdadero monopolio. Quizá el más grande del país, cuya rentabilidad no se traduce ni en inversiones ni en servicios eficientes y eficaces. Dentro de los planes de modernización, o sea, de inversión, anunciados por la empresa española, Argentina ni siquiera es mencionada, mientras que todos nuestros vecinos contarán con una Internet más rápida, el 4G.

Pero si el deterioro del servicio ya es una razón para escandalizarse, cuesta imaginar en España, ya no a Telefónica, sino a cualquier empresa retirando la publicidad de los diarios más leídos, por presión del gobierno, sin que se viva esa decisión como lo que es: censura indirecta y un gravísimo atentado a la libertad de expresión, ese valor universal que gestionan los privados. No el Estado.

La publicidad privada es la que permite que los diarios sean independientes de los gobiernos. Al retirar su publicidad de los diarios La Nación, Clarín y Perfil, se discrimina a los medios independientes del Estado, con lo que se confirma la versión original de la polémica Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, que favorecía el monopólico negocio telefónico y debió retirarse para conformar a los llamados sectores progresistas que se oponían a su sanción.

Telefónica es dueña de canales de televisión, encabezados por Telefé, aún cuando la ley se lo prohibe, ya que brinda un servicio público como sucesora de ENTEL y es una empresa audiovisual de España, país con el que Argentina no tiene tratado de reciprocidad.

Tal como consagró el Pacto de San José de Costa Rica, que condena los monopolios porque entrañan una censura indirecta, en Argentina, el monopolio telefónico ha puesto a nuestro país entre los países cuyos habitantes menos acceden a la banda ancha. Tan solo el 6,1 de la población, tres veces menos que en los países desarrollados, tal como registra el Barómetro Cisco. Somos pocos, nos conectamos mal y somos lentos para comunicarnos. Según el Net Index, medición de la velocidad promedio de acceso a Internet en 182 países, Argentina ocupa el puesto 104, por debajo de Uruguay, Chile, Méjico y Brasil. Viene cayendo, aún comparada con sus vecinos.

Con dos décadas de cuasi monopolios, los usuarios argentinos están lejos de ser ciudadanos de primera. En nombre de democratizar la palabra, un concepto equivocado, ya que no son los gobernantes los que conceden como una gracia los derechos constitucionales sino quienes deben garantizarlos, y para combatir el monopolio, el gobierno impulsó a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. Y ahora quien debe aplicar la ley, el titular del AFSCA, hace malabarismos intelectuales para demostrar que Telefé no es Telefónica.

Como los monopolios deben combatirse o regularse con leyes comerciales, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia determinó que Telefónica incide pesadamente en la estrategia de Telecom Argentina, por ser uno de sus dueños. Sin embargo, no ordenó a Telecom Italia la venta de sus activos. El Gobierno lo exigió en el 2008, pero se retractó por motivos desconocidos que levantan sospechas, ya que esta protección a los intereses telefónicos nos daña, degrada el servicio y torna obsoletas nuestras comunicaciones. Además de desnudar la mentira que significa declamar la democratización y consolidar la concentración monopólica.