La Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña comenzó a analizar hoy un proyecto que plantea la construcción de un complejo habitacional y un barrio cerrado en la zona donde se erigía la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, cuyas características encendieron la polémica.
La iniciativa fue presentada por el gobierno de la Ciudad, que firmó un convenio con el grupo empresario IRSA para edificar sobre 70 hectáreas situadas a orillas del río de la Plata.
“Tal y como está planteada la ley, dejaríamos de ser una democracia participativa y nos convertiríamos en una plutocracia, donde manda el poder económico”, declaró el legislador Adrián Camps, del bloque Proyecto Sur.
Según el diputado, el proyecto de ley presentado por la Ciudad “condiciona de manera insólita a la Legislatura”, porque establece que la empresa Solares de Santa María S.A. otorga a los legisladores un plazo hasta el 10 de diciembre próximo “para aprobar el acuerdo sin tocarle una sola coma”.
“En estas condiciones el proyecto debe ser rechazado sin más trámite”, consideró Camps en un comunicado.
En la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano participaron más de 80 vecinos, entre ellos unas 20 personas que habitan en la villa Rodrigo Bueno, cercana al predio donde se encararía la construcción.
Tras dos horas de debate, los legisladores acordaron realizar un nuevo encuentro la semana próxima con la participación de funcionarios de la Ciudad para que brinden información sobre la iniciativa
Por su parte, el legislador Martín Hourest, integrante del bloque GEN, pidió que el proyecto que presentó el Ejecutivo porteño sea archivado.
Hourest señaló que el emprendimiento modifica el Código de Planeamiento Urbano, por lo que debe tener un tratamiento de doble lectura en la Legislatura y necesitará una mayoría especial de 31 votos en cada una de las lecturas para su avance.
“Estaríamos hablando de que el metro cuadrado se vendería en 5.000 y 6.000 dólares, dándole un ingreso a IRSA de 3.500 millones de dólares”, dijo Hourest en un informe.