La vitivinicultura argentina atraviesa uno de los momentos más díficiles de los últimos años. El consumo interno de vino se ubica en mínimos históricos, persisten los problemas de sobrestock y rentabilidad y en cada vendimia se achica el número de productores. En medio de ese cuadro, la desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) abrió una discusión dentro del sector, entre quienes ven una oportunidad para ganar eficiencia y quienes advierten que se pone en riesgo la trazabilidad y el prestigio del vino argentino.
“El pedido de aggiornamiento normativo no es nuevo”, dijo Sergio Villanueva, presidente de la Unión Vitivinícola Argentina. Las entidades del sector venían planteando que el esquema del INV respondiera a una lógica pensada en los años cincuenta, con reglas que ya no se ajustaban a las dinámicas actuales ni a la competencia internacional. “Decimos sí a modernizar y a sacar normas viejas que no sirven, pero dentro de un marco que proteja al consumidor y al productor. El vino tiene que decir lo que es y tiene que ser apto para tomarlo”, aclaró.
Para el dirigente, el problema, asegura, no es la simplificación en sí, sino el alcance que finalmente tomó. “Hoy se puede tomar cualquier botella de vino argentino y reconstruir de qué viñedo salió. Eso explica parte del prestigio que conseguimos afuera. Tenemos que cuidar esa trazabilidad”, señala.
La preocupación se concentra en los productores primarios, en su mayoría pequeños y medianos viñateros que dependen de los registros oficiales para respaldar qué uva entregan y con qué características. Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, advierte que el cambio en el esquema de control altera ese equilibrio.
“Hasta ahora los inspectores podían ir a la bodega en cualquier momento de la elaboración, incluso un domingo o un feriado, y verificar los kilos descargados y el tenor azucarino que se declaraba en el CIU. Ahí quedaba asentada la variedad, la procedencia y el número de viñedo. Ese papel es nuestro título de propiedad”, explica.
Con la nueva normativa, el control se desplazará al final de la cadena y se realizará sobre el vino embotellado. Para los viñateros, esa modificación deja zonas sin resguardo.
A diferencia de otras actividades agropecuarias, la vitivinicultura funciona sobre una base de miles de pequeños y medianos viñateros. La mayoría administra fincas de menos de 15 hectáreas en los departamentos rurales. Ese entramado viene retrocediendo desde hace años.
Según el Observatorio Vitivinícola, desde 2014 dejaron de producir cerca de 4000 viñateros. La superficie total se mantiene relativamente estable gracias al avance de proyectos grandes, pero las fincas familiares se reducen año tras año.
“Cuando un viñatero abandona, no desaparece solo una parcela. ”, señala Córdoba, y advierte que, en un año en baja, cualquier cambio que debilite la posición del productor frente a la bodega puede acelerar ese proceso de abandono.
Por su parte, José Alberto Zuccardi, vicepresidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), coincide en que era necesario depurar un entramado de normas que había quedado viejo, pero insiste en que hay límites que no se pueden cruzar.
“La trazabilidad no se toca. Para la vitivinicultura es fundamental certificar el origen de las uvas, los tenores azucarinos y las zonas de producción. Si se destruyen los sistemas de registro, se incumplen acuerdos internacionales y eso impacta de manera directa en el comercio exterior”, advierte.
El empresario recuerda que la cadena del vino es una de las pocas actividades agrícolas formalizadas, con controles que permiten seguir la producción desde el viñedo hasta la botella. “Gracias al nivel de controles que tiene,el sector está completamente blanqueado. Eso asegura una recaudación justa y una competencia leal. Si esto se pierde, el riesgo es volver a la informalidad, con menos ingresos fiscales”, agregó.
Del otro lado, algunas bodegas ven esto como una oportunidad para simplificar procesos y ganar margen operativo. Según Bodegas de Argentina, el sistema previo obligaba a destinar horas y personal a trámites que, en muchos casos, no aportaban mejoras reales en la calidad del vino ni en la seguridad del consumidor. También señalan que la industria necesita reaccionar con más velocidad a los cambios del mercado, desde la demanda de vinos de baja graduación hasta el crecimiento de productos sin alcohol, segmentos en los que competidores como Chile, España o Australia operan con marcos regulatorios más simples.
Milton Kuret, director ejecutivo de la entidad, recuerda que se trataba de “uno de los regímenes más complejos dentro de la industria alimentaria” y que gran parte de la fiscalización descansaba en documentación. A su criterio, el paso hacia controles analíticos sobre el producto final no implica bajar exigencias, sino modificar la forma de verificar el cumplimiento. “Con este cambio, el INV deja de intervenir en la cosecha y en el transporte y concentra su tarea en el análisis de laboratorio. Eso nos da más flexibilidad para elaborar y más velocidad para adaptarnos a las tendencias de consumo”, señala.
La Cámara respalda la implementación del nuevo digesto normativo y sostiene que los controles sobre el vino fraccionado alcanzan para garantizar genuinidad, inocuidad y trazabilidad, sin sumar procesos administrativos que ya habían perdido sentido.
Lo que está en juego para el sector
El sector vitivinícola produce más de 900 millones de litros de vino al año y genera exportaciones por cerca de u$s 800 millones, según datos oficiales. Mendoza, San Juan y La Rioja concentran más del 90 % de la producción, y son las provincias que más de cerca siguen la aplicación de la reforma.
Para las bodegas, una menor intervención estatal puede acortar tiempos de producción, reducir costos de cumplimiento y facilitar operaciones de exportación. El contrapeso es que una parte mayor de la responsabilidad sobre la trazabilidad y el control de calidad queda en manos de las empresas.
Durante la reunión entre las cámaras, los gobiernos provinciales y las autoridades nacionales se revisaron un conjunto de puntos que el sector considera “básicos”. Según pudo saber El Cronista, ese esquema comprende: el registro de viñedos, la declaración del ingreso de uva, el control de los volúmenes elaborados y los criterios de fiscalización del movimiento y despacho del vino. La intención es que cada etapa -desde la materia prima hasta el producto fraccionado- mantenga un mínimo de documentación que respalde el origen y la genuinidad.
En ese intercambio también se trataron tolerancias analíticas, sistemas de auditoría según el historial de cada bodega y pautas para preservar la información de añada, varietal y procedencia. Las bodegas señalan que estos puntos no buscan preservar burocracia, sino resguardar controles que consideran necesarios para cumplir con los estándares exigidos en el comercio internacional y evitar que la simplificación regulatoria afecte la competitividad del vino argentino.
Entre los productores, en tanto, la preocupación se focaliza en tres frentes. Primero, la pérdida del CIU como respaldo documentado de la uva entregada. Segundo, la posibilidad de que la ausencia de controles intermedios abra espacio a conductas oportunistas que dañen la reputación de toda la industria. Tercero, el efecto que puede tener un cambio de reglas de juego sobre un entramado productivo que ya viene sufriendo salida de actores.
La resolución
La Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, derogó 973 normas del INV y redefine el rol del organismo, que dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias de la producción para concentrarse en el control de los vinos embotellados.
El ministro de desregulación, Federico Sturzenegger señaló que el objetivo es darle flexibilidad a una industria que ya demostró su potencial, y es momento de cerrar la puerta a la discrecionalidad y la corrupción.
El nuevo esquema contempla que los certificados de origen, añada y varietal serán optativos y podrán gestionarse de forma privada. El INV conservará su rol de fiscalización, pero sólo en el producto final y a través de controles analíticos. El cambio regirá a partir de enero de 2026, cuando entre en vigencia el digesto normativo que reemplaza al entramado previo.