Socio a cargo de energía de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam), uno de los principales estudios jurídicos de la City, Francisco Romano quizás sea uno de los argentinos que mejor conoce a la industria petrolera venezolana, hoy bajo los ojos del mundo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. El esfuerzo que Donald Trump está haciendo para convencer a los precavidos CEO de la industria energética de su país para que inviertan en la todavía mayor reserva de crudo del planeta (más de 303.000 millones de barriles probados, según la CIA) también siembra dudas sobre cómo afectaría a Vaca Muerta, la gran esperanza del desarrollo económico de la Argentina.

En ese sentido, Romano -ex jefe de legales regional de Chevron, la única petrolera estadounidense que no huyó de la República Bolivariana - no duda. “Venezuela no es competencia para Vaca Muerta. Son dos partidos diferentes”, asegura.

Preséntese: ¿quién es y por qué sabe tanto de la industria petrolera de Venezuela?

Estoy en la industria desde 1991. Empecé trabajando con Bridas y continué luego cuando la empresa formó PAE. Los acompañe en el desarrollo de negocios, financiaciones y todo lo que fue su actividad en Rusia y Turkmenistán. En 2025, Chevron me ofreció hacerme cargo de la gerencia de Legales en la Argentina. Ahí tuve dos hitos: la defensa de lo que fue el caso Ecuador, donde hubo ejecución de sentencia en la Argentina que congeló todas las cuentas de la filial y levantamos el embargo en Corte Suprema, y el acuerdo con YPF para iniciar la explotación de Vaca Muerta, en 2013. A fines de ese año, me ofrecieron la dirección legal de la unidad de negocios de América latina, que tenía sede en Caracas. Me mudé en marzo de 2014 y permanecí cuatro años.

¿Cuán deteriorada estaba ya la industria petrolera venezolana en ese momento?

Conocí bien la industria. El negocio de Chevron es muy importante en Venezuela. De hecho, fue la única que permaneció. Muchas veces se habla del deterioro y se piensa en la época de Chávez. Cuando él asumió, Venezuela producía 3,4 millones de barriles diarios y fue decayendo a lo que es hoy: por debajo del millón, más o menos como la Argentina. Si bien es cierto que el deterioro fue muy acentuado en esos años, en realidad, el problema lleva 70 años. Hubo mucha intervención estatal que distorsionó mucho el mercado. Contrafácticamente, sin ese proceso de precarización y deterioro, Venezuela hoy tendría que estar produciendo entre 4 millones y 5 milllones de barriles por día.

¿Qué industria le tocó vivir?

Una muy rota en su cadena de pagos. A niveles de imposibilidad, con una falta muy grande, total, de financiamiento y mantenimiento de la infraestructura. Y una rigidez muy grande en los contratos. En 2007, pasaron a un régimen de empresas mixtas. No joint ventures, que son el instrumento que conoce la industria a nivel global. Sino compañías que operan con PdVSA obligatoriamente como accionista mayoritario.

¿Qué hace eso tan diferente?

El joint venture es flexible. Empieza en la exploración, sigue en el pozo y termina cuando se saca el petróleo; no incluye la comercialización. En Venezuela, la venta también estaba bajo el paraguas de la empresa mixta. Que es una sociedad independiente de sus socios: tiene todas las características burocráticas de una empresa en la que, para definir dividendos, necesitabas el aval del socio mayoritario. Y, siempre, te regías bajo la ley y tribunales venezolanos.

¿Cuán difícil era la relación con el Estado?

El relacionamiento con el Estado es totalmente distinto. El que opera, en la práctica, es PdVSA. El privado era una especie de asesor. Pero tenía obligaciones raras. Por ejemplo, las empresas de servicios de perforación tienen una cláusula especial que dice que, si las expropian, se tiene que hacer cargo el operador. Eso te demuestra que estás en Venezuela. Acá, en la Argentina, no te hacen poner eso. Allá, tiene que pagar uno los equipos que expropia el Estado. La lógica es totalmente de subsidios. Está tan subsidiado que el galón de combustible vale menos que una botella de agua mineral. Y, a las motos, ni siquiera les cobran: pasan gratis por la bomba, como llaman al surtidor.

¿Afectaba la tensión que vivió el país? ¿O la industria petrolera, al tener tanta presencia del PdVSA, era una burbuja?

Hubo momentos de tensión pero por razones políticas. Cuando empezaron las guarimbas (N.d.R.: protestas callejeras), mataban gente todos los días. Eso se vivía, influía en toda la vida de la sociedad; también físicamente en la oficina. Por eso, para que vuelvan las inversiones, no alcanza con modificar la Ley de Hidrocarburos, como se hizo recientemente. Es ese elefante en la habitación del que no se habla.

¿Por eso la reticencia de las majors de entrar a pesar de los pedidos de Trump?

Claramente. No están entrando de cabeza. El objetivo de Trump es geopolítico. Las empresas toman decisiones empresarias; miran con criterios empresarios. Ese es el choque. Salvo por Chevron, que está muy invertida en Venezuela (lleva 100 años ahí), las otras tendrían que volver cuando, en el mundo, aparecen oportunidades muy importantes. Sin ir más lejos, en América latina: Guyana y el presal brasileño. Y, también, Vaca Muerta.

¿Por qué los criterios empresarios hoy dicen que no deberían entrar?

Muchos dicen que la intervención directa de los Estados Unidos fue por el petróleo. La verdad es que los Estados Unidos son el primer productor mundial de petróleo del mundo y tiene otras fuentes de abastecimiento de petróleos pesados o equivalentes al que puede producir Venezuela. Venezuela produce muchas variedades de petróleo pero el más conocido es uno muy pesado, que necesita un diluyente especial para poder moverlo. Ese tipo de crudo existe en muchas partes, por ejemplo, en Canadá. Si sos una empresa estadounidense y lo podés adquirir en Canadá, ¿para qué Venezuela? Hay otras fuentes en el mundo. A nivel global, el market share venezolano está debajo del 10 por ciento.

Va la pregunta del millón: ¿una Venezuela abierta al capital amenaza a Vaca Muerta?

Las dinámicas de los procesos económicos de la inversión en Vaca Muerta y en Venezuela son absolutamente distintos. No son competencia. Son dos partidos diferentes.

¿Por qué?

Los jugadores son distintos. Estamos viendo un reposicionamiento en Vaca Muerta, en el que muchas internacionales están saliendo y esos activos los están tomando empresas argentinas. Además, el destino de Vaca Muerta, ahora, es la exportación de gas, sea a través de la generación de gas natural licuado o en forma directa, por gasoducto. Pero los proyectos importantes son los de GNL. No veo cómo eso puede competir con Venezuela. No son comparables. No hay relación directa.

¿Y en petróleo?

En crudo, el destino de Vaca Muerta también es exportador. El sector privado está haciendo un esfuerzo muy importante para renovar y ampliar toda su red de ductos para evacuarlo. Ahí, hay diferencia en las lógicas de la explotación no convencional. Hoy, cuando el barril de referencia, que se el Brent, baja de u$s 65, empezamos a tener un problema porque el break-even, para el shale, está en esa zona. Además, los pozos no convencionales declinan muy rápido. Hay que invertir mucho y permanentemente. Si no, cae muy rápido la producción. En ese aspecto, el de la inversión, nosotros estamos en un camino de reconstrucción de confianza pero bastante más adelantados que Venezuela. No veo un foco de tensión ahí. En América latina, Vaca Muerta compite con Guyana y Brasil. Ahí es donde realmente tenemos competencia. Son esos los portafolios que miran las grandes compañías. En donde están poniendo el ojo las majors, quizás más que en Vaca Muerta.

A Venezuela todavía le falta iniciar ese camino de reconstrucción.

Hay concepto: construcción institucional. Es el antídoto contra los riesgos de superficie. Las modificaciones hechas a los regímenes petroleros de Venezuela van en la dirección correcta. Pero, en paralelo, tiene que haber construcción institucional. Con el solo cambio de ley, no se asegura la confianza necesaria para que haya una gran inversión internacional. Los ciclos petroleros no caben en los ciclos políticos. Para entrar en el plateau de producción de un proyecto, se necesitan cinco, siete años. Por ejemplo, en Venezuela, no está asegurado el arbitraje internacional. No basta con decir que podrá haberlo. Hay que definir cómo será, si se puede ejecutar el laudo, si Venezuela volverá al Ciadi, del que se fue en 2012… Son incógnitas que, quizás, se vayan despejando. Pero se necesitará un tiempo importante.

(La versión original de esta entrevista se publicó en la edición número 385 de la revista Apertura, correspondiente a febrero de 2026)