uego de haberse conocido la decisión del Gobierno de quitarle al grupo Vila-Manzano la licencia para operar frecuencias de telefonía celular de 4G, los dueños de Arlink y Supercanal decidieron insistir en mantener la operación. Lo harán a través de dos estrategias que tienen que ver con rechazar la determinación tomada el miércoles pasado por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), tanto ante las autoridades del organismo como también ante la Justicia.

Hace dos días, el directorio del ente aprobó la resolución 156 que declaró desierta la adjudicación a Arlink-Supercanal de una banda de espectro radioléctrico para funcionar como cuarto operador de 4G, a pesar de que en octubre del año pasado el mismo Gobierno se la había adjudicado. Según la resolución, el 25 de junio la empresa adjudicataria realizó una presentación y solicitó una ampliación del plazo por 180 días hábiles. Pero, en virtud de lo dispuesto en el pliego "no corresponde hacer lugar a la ampliación de plazos requerida" ya que Arlink-Supercanal tenía 10 días hábiles después de la adjudicación para abonar los u$s 506 millones. Según la Aftic, ante este incumplimiento y teniendo en cuenta los pliegos, "deberá tenerse por decaída la adjudicación". En consecuencia, el Lote 1 de bandas de frecuencia subastada y reservada para el cuarto operador, tras Movistar, Personal y Claro, quedó sin oferentes precalificados, "razón por la cual debe ser declarado desierto el concurso público para éste lote".

Ante esta determinación oficial, la estrategia del grupo mendocino que orienta el empresario Daniel Vila para intentar mantener la licencia tiene dos vertientes pero que terminan vinculándose entre ambas. Por un lado, la relacionan con el histórico concurso preventivo de su holding, Supercanal. Y por otro con la imposibilidad de abonar el dinero comprometido en el proceso licitatorio de las licencias de 4G debido a medidas restrictivas que viene tomando el Gobierno para el giro de divisas al exterior.

Así lo explicó a El Cronista, Sergio Basich, CEO de Supercanal y Arlink. El ejecutivo sostuvo que el grupo no logró reunir los u$s 506 millones que debía pagar tras obtener la licencia como cuarto operador entrante al negocio de la telefonía celular de 4G por no haber podido salir del concurso preventivo a pesar de que Supercanal tenía el dinero para cancelar las deudas con los últimos acreedores de este proceso que ya lleva más de una década. En este sentido, agregó que las restricciones al envío de dólares al exterior que impone el Banco Central de la República Argentina (BCRA), no le permitieron cancelar una deuda de u$s 108 millones con dos fondos calificados como buitres que poseen parte de la deuda de Supercanal. Esta traba le causó problemas con los bancos extranjeros a los cuales el grupo acudió para solicitar un millonario préstamo con el que iba a hacer frente tanto al pago del canon de ingreso al negocio de la 4G como a las inversiones necesarias para desarrollar de cero su propia red y que oscilaba en los u$s 1500 millones.

"Como el Central no nos permitía girar el dinero al exterior, no pudimos cancelar la deuda con los acreedores y esto hizo que para los bancos extranjeros que nos iban a prestar el dinero para la 4G no fuéramos considerados como sujetos pasivos de crédito", señaló Basich. "Por ese motivo, nos quedamos sin financiamiento y no logramos cancelar el compromiso asumido cuando nos adjudicaron las licencias", agregó. En este sentido, adelantó que e"l grupo recurrirá tanto a la instancia administrativa ante el organismo que nos quitó la licencia". Es decir, ante la Aftic. Y si no tienen suerte ante el ente que preside Norberto Berner, presentarán un recurso de amparo ante la Justicia. "Creemos que tenemos razones para defender nuestra posición", argumentó el CEO de Arlink y Supercanal.

Basich también sostuvo que era imposible obtener un crédito similar con bancos locales para evitar el giro de fondos al extranjero por la magnitud de los fondos. "No hay en el país bancos que nos puedan prestar tanto dinero", señaló como argumento a la necesidad de recurrir a un pool de entidades financieras del exterior. "Lo que sucede es que al no pagar, no importa si es porque el Central no nos permite. Para nuestros acreedores somos incumplidores, y para los bancos también", agregó.