México se prepara para recibir la Copa Mundial FIFA de 2026 con una narrativa que parece salida de un manual de optimismo gubernamental. Se habla de una derrama económica multimillonaria, de millones de turistas, de empleos temporales, de inversión en infraestructura y de una oportunidad histórica para posicionar al país ante el mundo. Como en toda gran celebración, el discurso oficial promete prosperidad, desarrollo y beneficios compartidos.
Los números son, sin duda, atractivos. Diversas estimaciones calculan una derrama económica cercana a los 2 mil 730 millones de dólares para México, equivalente a más de 50 mil millones de pesos, además de la generación de más de 112 mil empleos temporales asociados al evento. La Ciudad de México, una de las sedes del torneo, espera captar decenas de miles de millones de pesos derivados del turismo, el hospedaje, el transporte, el entretenimiento y el consumo relacionado con el campeonato.
Sin embargo, detrás de las cifras espectaculares existe un dato que suele perderse entre los titulares. De acuerdo con Deloitte, el impacto económico agregado del Mundial representaría aproximadamente el 0.14% del Producto Interno Bruto nacional. Dicho de otra manera, el torneo será una oportunidad importante para ciertos sectores económicos, pero difícilmente modificará la trayectoria de crecimiento del país o resolverá alguno de los problemas estructurales que arrastra desde hace décadas.
El Mundial será una gran fiesta. Lo que está por verse es si también será un gran negocio para la mayoría de los mexicanos.
Pero quizá la discusión más importante no se encuentre en las cifras económicas, sino en aquello que ocurrirá fuera de los estadios.
¿Cómo puede un país movilizar miles de millones de pesos para recibir al mundo mientras miles de familias continúan buscando solas a sus desaparecidos?
Durante semanas, México estará bajo el escrutinio de millones de personas alrededor del planeta. Las cámaras internacionales mostrarán calles “renovadas”, plazas llenas, aeropuertos “modernos” y centros turísticos abarrotados. Sin embargo, también existe la posibilidad de que enfoquen una de las crisis más profundas y dolorosas que enfrenta el país: la desaparición de personas.
México acumula más de 130 mil personas desaparecidas. La cifra, por sí sola, debería provocar un debate nacional permanente. Equivale a la población completa de muchas ciudades mexicanas. Detrás de cada registro existe una familia rota, un proyecto de vida interrumpido y una ausencia que permanece abierta durante años.
Sin embargo, la tragedia suele analizarse únicamente desde una perspectiva de seguridad o derechos humanos. Poco se habla de su impacto económico.
Cuando una persona desaparece no solamente se pierde un hijo, una madre o un padre. También desaparece un ingreso familiar, un patrimonio y, en muchos casos, el principal sostén económico del hogar. Las familias enfrentan gastos legales, traslados, búsquedas, estudios periciales y trámites interminables. Muchas personas abandonan sus empleos para dedicar tiempo completo a localizar a sus seres queridos.
Miles de familias buscadoras, encabezadas por las madres, han tenido que financiar con recursos propios una tarea que debería corresponder al Estado. Han organizado rifas, vendido pertenencias, solicitado préstamos y recorrido cientos de kilómetros para encontrar indicios que permitan reconstruir la historia de quienes faltan. En demasiados casos, la búsqueda depende más de la perseverancia de las familias que de la capacidad institucional.
México acumula más de 130 mil personas desaparecidas. La cifra, por sí sola, debería provocar un debate nacional permanente. Equivale a la población completa de muchas ciudades mexicanas. Detrás de cada registro existe una familia rota, un proyecto de vida interrumpido y una ausencia que permanece abierta durante años.
La desaparición de personas también genera pobreza.
Y es precisamente ahí donde surge la contradicción más incómoda del Mundial 2026.
Mientras los distintos niveles de gobierno destinan recursos para infraestructura, promoción turística, operativos de seguridad, zonas de convivencia y actividades asociadas al torneo, miles de familias continúan financiando por su cuenta la búsqueda de sus desaparecidos. Mientras se afinan estrategias para recibir visitantes extranjeros, muchas madres siguen recorriendo campos y parajes con una pala en la mano.
La comparación resulta inevitable.
Un país que puede co-organizar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta debería poder encontrar a sus desaparecidos.
Un país capaz de coordinar complejos operativos de seguridad para millones de visitantes debería ser capaz de coordinar fiscalías, bases de datos y mecanismos de búsqueda eficientes para sus ciudadanos.
Un país que presume modernidad, conectividad e infraestructura internacional debería poder ofrecer respuestas a quienes llevan años esperando noticias de un familiar ausente.
Sin embargo, la percepción de miles de familias es exactamente la contraria: para el espectáculo siempre existen recursos; para la búsqueda siempre existen limitaciones presupuestales.
La paradoja resulta demoledora. El mismo país que celebra una derrama económica estimada en 2 mil 730 millones de dólares y presume la capacidad de movilizar recursos para recibir al mundo sigue sin encontrar a más de 130 mil personas desaparecidas. El mismo Estado que coordina estadios, campañas de promoción internacional y estrategias de hospitalidad continúa dejando que miles de ciudadanos asuman responsabilidades que deberían recaer en las instituciones.
En ese contexto, la discusión deja de ser económica y se vuelve moral.
Por eso el Mundial podría convertirse en algo muy distinto a lo que imaginan sus organizadores.
No solamente será una vitrina turística.
También puede convertirse en una vitrina para quienes han sido ignorados durante años. Las familias buscadoras entienden perfectamente que los reflectores internacionales representan una oportunidad única para visibilizar una crisis que durante demasiado tiempo ha intentado normalizarse.
Y quizá ahí resida la gran ironía del torneo.
Los gobiernos suelen pensar que los megaeventos sirven para controlar la narrativa pública. La historia demuestra que funcionan más bien como espejos. Y los espejos no reflejan lo que el poder quiere mostrar, sino aquello que realmente existe.
Cuando el último partido termine, los turistas regresen a casa y los estadios vuelvan a la normalidad, México seguirá enfrentando la misma pregunta que ningún espectáculo deportivo puede responder.
¿Cómo puede un país movilizar miles de millones de pesos para recibir al mundo mientras miles de familias continúan buscando solas a sus desaparecidos?
Esa será la verdadera prueba para el México posterior al Mundial.
Y probablemente sea la única pregunta que realmente importe.
*Es una opinión personal del autor que no refleja la postura de El Cronista México o sus dueños. El autor es director de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR México). Colaborador en Radio Colima en el Noticiero con Max Cortés: Datos con Valor. X e Instagram @Aivc2, TikTok @2aivc.