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El “súper peso” volvió a despertar un viejo clamor latinoamericano: la sospecha de que una moneda fuerte beneficia al importador y castiga al productor nacional.
Ahora es la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) quien acusa que la apreciación del peso frente al dólar constituye “un subsidio a las importaciones y un gravoso impuesto a la producción nacional”.
Para muchos en el ecosistema productivo mexicano, esta frase parece escrita para el contexto actual, pero que en realidad carga décadas de historia económica regional.
En su posicionamiento, la ANEI afirma además que existe una “persistente e injustificada apreciación del peso frente al dólar” derivada de la política monetaria y cambiaria del Banco de México en coordinación con la Secretaría de Hacienda.
Si bien a nivel nacional se ha discutido, inclusive señalado, que Banxico “baila” al son que le marcan en la administración central, encabezada por Claudia Sheinbaum, la postura de este grupo revive uno de los debates más antiguos de América Latina: una moneda demasiado fuerte termina debilitando a la industria nacional.
El argumento no es nuevo. Desde el periodo de la convertibilidad en Argentina en los años noventa hasta el Brasil del “súper real” en la década pasada, industriales y exportadores han denunciado que los bancos centrales privilegian la estabilidad monetaria a costa de la competitividad manufacturera.
En México, el reclamo también apareció durante ciclos de peso fuerte en sectores como el textil, el calzado y algunas ramas agroexportadoras.
La lógica detrás del discurso es sencilla: un tipo de cambio apreciado abarata productos importados, encarece las exportaciones y reduce márgenes para quienes producen localmente. En términos políticos, como hemos visto en México, la narrativa convierte al dólar barato en una especie de aduana invertida: las mercancías extranjeras entran con alfombra roja mientras la industria nacional carga una mochila de costos.
Economistas ortodoxos, sin embargo, rechazan esa visión. Argumentan que un peso fuerte ayuda a contener la inflación, abarata insumos importados y fortalece el poder adquisitivo.
Desafortunadamente, la factura de un dólar-fuerte-peso la pagan también millones que dependen de las remesas enviadas por esos “héroes sin capa” que tanto saluda el gobierno de la 4T. Esto porque tienen la ilusión de que mientras más débil esté el peso, más les rendirá su dinerito.
Pero más allá de los números, la retórica permanece intacta. Cada vez que la moneda local se fortalece demasiado, reaparece el viejo fantasma latinoamericano del “tipo de cambio antiindustrial”, sólo que ahora viste traje nuevo y habla en comunicados empresariales.
HSBC promete agenda de derechos humanos y sostenibilidad
La agenda de derechos humanos irrumpió en la Asamblea General Anual de Accionistas de HSBC con preguntas directas sobre México, desapariciones forzadas y el financiamiento de proyectos en regiones controladas por crimen organizado.
Accionistas y activistas cuestionaron al banco la semana pasada por su exposición a empresas del sector acerero y minero en estados como Michoacán, Colima y Jalisco, donde señalaron que operan dinámicas de violencia, captura institucional y ataques contra defensores ambientales y comunitarios.
Uno de los momentos más sensibles ocurrió cuando representantes de organizaciones civiles vincularon el debate con casos de desaparición de activistas en México y citaron recientes observaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, que advirtió indicios de posibles crímenes de lesa humanidad en el país.
Los accionistas pidieron a HSBC incorporar cláusulas contractuales “antidesaparición”, aplicar estándares reforzados de debida diligencia y asumir una política de “cero tolerancia” frente a clientes involucrados en violaciones a derechos humanos.
La presión se concentró también en proyectos vinculados al acero y minería en América Latina, particularmente en zonas donde comunidades denuncian contaminación, desplazamiento y violencia.
Frente a ello, el presidente de HSBC, Brendan Nelson, defendió la política de sostenibilidad y derechos humanos del grupo. Aseguró que el banco se guía por los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y por lineamientos de la OCDE, además de aplicar “procesos robustos y rigurosos de debida diligencia”.
“HSBC toma los derechos humanos extremadamente en serio”, respondió Nelson ante los cuestionamientos.
Sin embargo, evitó asumir compromisos específicos sobre cláusulas contra desapariciones o restricciones automáticas de financiamiento en regiones consideradas de alto riesgo.
En cambio, la respuesta corporativa apostó por reforzar el diálogo. HSBC ofreció reuniones entre activistas y su Chief Sustainability Officer para discutir estándares de sostenibilidad y gestión de riesgos.
Se le mueve una patita a ecosistema de proveedores de Pemex
Que Pemex sigue siendo la empresa petrolera más endeudada del mundo, es cierto; así como que la transparencia en sus finanzas es tan clara como el chapopote; y lo mismo parece suceder en su relación con sus incontables proveedores.
Sin embargo, aún en esta espesa situación, el repunte en la demanda global de crudo pesado está devolviendo a México al radar de las empresas internacionales de servicios petroleros, aunque la crisis de pagos de Pemex continúa siendo el principal obstáculo para recuperar inversiones y actividad en el sector.
Durante su conferencia trimestral con inversionistas, la estadounidense Innospec advirtió que existe un renovado interés por operar en México debido a la necesidad de refinerías estadounidenses de asegurar suministro de crudo pesado ante la tensión geopolítica en Medio Oriente y la volatilidad del mercado energético.
“Hasta que Pemex decida cómo resolver el pago a proveedores, seguirá existiendo ese rezago”, dijo Patrick Williams, CEO de Innospec. “Pero estamos empezando a ver más actividad”.
Esto refleja la cautela que aún prevalece entre contratistas y proveedores tras años de retrasos en pagos por parte de la petrolera estatal, situación que obligó a muchas firmas a reducir operaciones, suspender inversiones o endurecer condiciones comerciales.
Sin embargo, algunas compañías comienzan a reportar señales de estabilización. Weatherford International, una de las principales firmas globales de servicios petroleros, afirmó recientemente que la actividad en los campos petroleros mexicanos “se normalizó” y que comenzó a recibir pagos regulares de Pemex gracias a un mecanismo financiero respaldado por el gobierno federal.
“Estamos muy satisfechos con el hecho de que los niveles de actividad se hayan normalizado y de que estemos empezando a recibir pagos”, dijo su CEO, Girish Saligram.
La compañía reveló que, al cierre de marzo, su exposición con su principal cliente en México ascendía a u$s 283 millones. Según Weatherford, los pagos comenzaron a fluir “como reloj” tras la implementación del esquema gubernamental.
El gobierno mexicano destinó alrededor de MXN $250,000 millones durante 2025 para reducir adeudos con proveedores y contratistas de Pemex. Aun así, la deuda total con proveedores todavía ronda los u$s 24,000 millones, casi una cuarta parte de los pasivos totales de la empresa.
El desafío ahora para Pemex será convencer a más empresas de que el nuevo flujo de pagos será sostenible y suficiente para reactivar plenamente la operación petrolera.