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Topo Chico sólo para los mexicanos... por ahora
¿Qué pasa con Topo Chico? Es una pregunta que se hacen muchos fanáticos en Estados Unidos sober esta bebida de agua mineral originaria de Monterrey y que produce Coca-Cola.
Esto porque la popular marca no se está distribuyendo de manera normal en el mercado estadounidense y en muchos puntos hay una escasez que distribuidores han catalogado como temporal.
La pausa en embarques de Topo Chico se debe a que los dueños de la marca están realizando mejoras y actualizaciones en la planta, sobre todo en las instalaciones de extracción y embotellado en Monterrey, México.
Topo Chico, propiedad de The Coca-Cola Company desde 2017, año en que pagó u$s 220 millones por la empresa, ha detonado el crecimiento en el segmento de aguas minerales en EEUU y constituye un elemento relevante en productos premium. Ese mismo año, reportaba Forbes, llegaban unos 250 millones de botellas allende el Río Bravo, sobre todo Texas, donde se concentra 70% del mercado de la marca regiomontana.
La escasez no afecta otras presentaciones de la marca, como las aguas saborizadas (Topo Chico Sabores) o las bebidas enlatadas con alcohol, que continúan disponibles. La empresa ha señalado que el agua mineral clásica regresará a los estantes “más adelante este año”, aunque sin precisar una fecha exacta.
¿De los surcos a las urnas?
En San Luis Potosí, la historia de Gerardo Sánchez Zumaya comenzó entre sensores de humedad y control de temperatura en invernaderos de berries. Hoy, el empresario, que presume exportaciones a Japón, Canadá y Estados Unidos gracias a la agricultura de precisión, busca dar el salto a la gubernatura en 2027 bajo las siglas de Morena.
Como emprendedor, su narrativa es clara: tecnología aplicada al campo que elevó el rendimiento por planta de 1.2 a 4.1 kilogramos, optimización de calidad y expansión internacional. A la par, diversificó hacia hidrocarburos, al frente de Petrogesa, proveedora de servicios para Pemex, construcción y soluciones tecnológicas. Un perfil que mezcla agroindustria, energía y discurso de nearshoring en un estado que ha captado alrededor de u$s 8,500 millones en IED en los últimos tres años.
Ahora, Sánchez Zumaya busca más color guinda, y no sólo por las berries, sino por los colores de MORENA, pues el empresario busca participar en un juego político que, por lo pronto, está teñido por la polémica.
Y es que el proceso rumbo a 2027 estará inevitablemente cruzado por el debate sobre el nepotismo y la sucesión familiar en el poder. A nivel federal, la 4T ha impulsado reformas para prohibir la reelección y limitar la herencia de cargos entre familiares, aunque su eventual entrada en vigor está prevista después del proceso potosino. Es decir, no aplicaría directamente en 2027.
En el ámbito local, la discusión se encendió cuando el Congreso estatal aprobó una reforma que establecía que la candidatura a la gubernatura en 2027 sería exclusivamente para mujeres, medida que críticos bautizaron como “Ley Esposa” por el potencial beneficio político para la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Tras la polémica nacional y cuestionamientos desde Morena, el propio mandatario vetó la reforma y pidió revisarla.
En ese contexto, la pregunta va más allá de si un empresario puede administrar un estado como administra un invernadero.
La verdadera prueba para un personaje como Sánzhez Zumaya, es ver si la contienda se rige por reglas claras y piso parejo. De los surcos a las urnas, no solo se trata de contar kilos de producción, sino de contar votos bajo el escrutinio de la legalidad y la coherencia política.
Feria reciclada
Con menos del 10% del plástico que se produce en el mundo efectivamente reciclado, la narrativa de la economía circular enfrenta su mayor prueba. Bajo ese telón de fondo inició en San Diego la Plastics Recycling Conference 2026, foro que reúne a más de 3,000 ejecutivos, recicladores, convertidores y autoridades en un momento incómodo para la industria.
El debate ya no gira solo en torno a innovación, sino a responsabilidad y costos.
En Estados Unidos y Canadá avanzan mandatos de contenido reciclado mínimo y esquemas de responsabilidad extendida del productor (REP), que obligan a fabricantes y comercializadores a financiar la gestión de los residuos que ponen en el mercado.
Para muchas compañías, esto implica rediseñar envases, ajustar cadenas de suministro y absorber mayores costos en un entorno de márgenes presionados.
El negocio, sin embargo, es relevante: el mercado global del reciclaje de plásticos supera los u$s 45,000 millones y crece a doble dígito ante la demanda de resinas recicladas por parte de grandes marcas que buscan cumplir metas ESG. El problema es estructural: la infraestructura de recolección y separación sigue rezagada, los precios del plástico virgen compiten agresivamente y la calidad del material recuperado no siempre cumple con los estándares industriales.
En la conferencia se presentarán soluciones tecnológicas como Recyda y actualizaciones a la Guía de Evaluación y Diseño de la Association of Plastic Recyclers (APR). Pero más allá de las herramientas, el reto es sistémico: sin incentivos económicos claros y sin una política pública coordinada, la brecha entre discurso y realidad podría ampliarse.
Para México, altamente integrado a las cadenas manufactureras de Norteamérica, lo que se discuta en San Diego no es anecdótico. Las nuevas reglas pueden redefinir costos, acceso a mercado y competitividad industrial en los próximos años.