México evitó una medida cautelar en un arbitraje internacional relacionado con contratos petroleros de Petróleos Mexicanos, pero el verdadero riesgo para las finanzas públicas y la percepción del país entre inversionistas extranjeros sigue intacto.
La información fue reportada inicialmente por Law360, publicación estadounidense especializada en litigios corporativos, arbitraje internacional y asuntos regulatorios. Los detalles del procedimiento pueden corroborarse además en documentos públicos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial que administra el caso entre México y un grupo de inversionistas estadounidenses.
Un tribunal del CIADI rechazó una solicitud de empresas estadounidenses para obligar al gobierno mexicano a detener acciones vinculadas a una fianza de u$s 41.8 millones derivada de la cancelación de un contrato petrolero. Sin embargo, la decisión no modifica un hecho clave: el mismo tribunal ya concluyó en 2024 que México incumplió obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en este caso.
La disputa enfrenta a México con las compañías texanas Finley Resources, MWS Management y Prize Permanent Holdings, que participaron en proyectos de exploración y desarrollo de hidrocarburos en la región de Chicontepec, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por Pemex durante la década pasada para revertir la caída de la producción petrolera.
Entre 2012 y 2013, las empresas firmaron contratos por alrededor de u$s 520 millones para perforación, rehabilitación de pozos y trabajos de fractura hidráulica. Los inversionistas sostienen que, tras realizar inversiones superiores a 30 millones de dólares, Pemex incumplió compromisos contractuales, canceló proyectos y ejecutó garantías financieras asociadas a los contratos.
Lo más delicado para México es que el tribunal arbitral ya determinó que la actuación de autoridades mexicanas y de Pemex violó estándares de trato justo y equitativo establecidos en el TLCAN. Incluso calificó como “notoriamente injusta” la resolución de un tribunal administrativo mexicano que validó la rescisión del contrato, un lenguaje poco habitual en este tipo de procedimientos y que refleja la severidad de las conclusiones alcanzadas por los árbitros.
Aunque el gobierno mexicano obtuvo una victoria procesal al evitar las medidas cautelares solicitadas por los demandantes, el procedimiento continúa en la fase de determinación de daños. Esto significa que aún está pendiente definir si México deberá pagar una indemnización y cuál sería su monto.
El caso llega en un momento particularmente sensible para Pemex, que enfrenta elevados niveles de endeudamiento, presiones financieras y una creciente necesidad de atraer capital y tecnología para sostener la producción energética.
Para analistas del sector, más allá del costo económico potencial, el arbitraje vuelve a colocar sobre la mesa una preocupación recurrente entre inversionistas internacionales: la certeza jurídica en los contratos celebrados con entidades del Estado mexicano.
La resolución final podría convertirse en una referencia relevante para futuras inversiones en sectores estratégicos como energía, infraestructura y recursos naturales, áreas donde la confianza en el cumplimiento de contratos sigue siendo un factor determinante para la llegada de capital extranjero.
El desenlace también será observado de cerca por inversionistas y despachos especializados, ya que podría ofrecer una señal sobre cómo se evalúan internacionalmente las disputas entre empresas privadas y entidades estatales mexicanas.