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La propuesta del presidente Donald Trump de imponer un tope de 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito en Estados Unidos podría afectar el acceso al crédito en México, al reducir el otorgamiento de financiamiento formal y limitar la inclusión financiera, advirtió Álvaro Vértiz, analista privado y country head de DGA Group.
El especialista explicó que, de concretarse una medida de este tipo, el impacto directo se concentraría en las instituciones financieras estadounidenses, ya que su implementación enfrentaría retos legales y requeriría la aprobación del Congreso de ese país.
En México, en cambio, el efecto sería indirecto y se reflejaría principalmente en bancos y entidades financieras que forman parte de grupos con matrices o corporativos en Estados Unidos.
“Por el momento, el efecto directo estaría en Estados Unidos. En México se vería más en las entidades que pertenecen a grupos financieros americanos, donde el impacto se daría a nivel de grupo”, señaló Vértiz.
Más allá del vínculo corporativo, el analista subrayó que el principal riesgo de establecer topes a las tasas de interés sería una contracción en el crédito, especialmente para personas con perfiles de mayor riesgo o que apenas se integran al sistema financiero.
Menos crédito y mayor exclusión financiera
Vértiz advirtió que fijar una tasa máxima sin considerar el perfil crediticio de cada usuario provocaría que las instituciones financieras se volvieran más conservadoras, otorgando menos créditos y a un menor número de personas.
“Una tasa tan baja no puede ser asignada a todos los perfiles. Lo que terminaría pasando es que se dejaría fuera del crédito formal a quienes no califican para esa tasa, afectando directamente la inclusión financiera”, explicó.
En el contexto mexicano, donde las tasas de interés de las tarjetas de crédito se mantienen en niveles elevados, el especialista consideró que replicar una política similar resultaría riesgoso.
A su juicio, el problema no es la existencia de tasas altas, sino la falta de transparencia sobre los criterios utilizados para asignarlas.
“Lo peligroso es limitar las tasas por decreto sin una justificación clara. Eso genera que paguen justos por pecadores y se incentive el uso de esquemas informales de financiamiento, que resultan mucho más perjudiciales para los usuarios”, sostuvo.
El analista añadió que, aunque las decisiones de política financiera en Estados Unidos suelen generar atención entre reguladores y participantes del sistema financiero mexicano, estas medidas también responderían a incentivos políticos y electorales, por lo que no necesariamente deberían replicarse sin un análisis profundo del contexto local.
Desde la perspectiva del consumidor, Vértiz recomendó revisar las condiciones de los créditos, comparar el Costo Anual Total (CAT) entre instituciones y cuidar el historial crediticio, ya que un buen comportamiento financiero permitiría acceder a mejores tasas y productos dentro del sistema formal.