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Las fintech se convirtieron en el principal soporte operativo de los casinos online en México ante las restricciones de la banca tradicional y la falta de una regulación específica para el juego digital, afirmó Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA).
“Las fintech han sido para la actividad del juego online la válvula de escape, ahora sí que el corazón con el cual se hacen las operaciones”, sostuvo en entrevista con El Cronista.
El dirigente explicó que, bajo esquemas más estrictos de prevención de lavado de dinero, algunas instituciones bancarias limitaron o cerraron operaciones vinculadas con casinos, particularmente en línea, lo que obligó a la industria a apoyarse en procesadores tecnológicos para recibir y dispersar recursos.
“En México la regulación de online está muy incompleta, es insuficiente y los bancos además, con todas las medidas de prevención del lavado de dinero, pues hay algunas actividades a las que cierran la puerta y una ha sido a los casinos”, dijo.
Regulación rezagada frente al entorno digital
El marco legal que rige al sector se sustenta en la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 y en un reglamento publicado en 2004, cuando el entorno digital aún era incipiente.
Carlos Fernando Portilla Robertson, socio de la firma Portilla, Ruy-Díaz y Aguilar, S.C., explicó que el juego en línea se permitió de forma general al establecerse que podían captarse apuestas por internet o dispositivos móviles, pero sin desarrollar reglas específicas sobre su operación.
“No hay nada que te hable sobre el juego en línea y por lo tanto, pues de vez en vez cada administración pone sus propias políticas”, señaló a El Cronista.
Actualmente existen entre 36 y 39 permisos federales que dan cabida a más de 480 casinos en el país. En el ámbito digital, solo los permisionarios pueden operar plataformas en línea; sin embargo, en la práctica muchos sitios funcionan a través de terceros mediante contratos con esos titulares.
Este esquema concentró los permisos, pero fragmentó la operación en el entorno online.
El corazón financiero del juego digital
Ante ese contexto, las fintech asumieron un papel estratégico al facilitar pagos con tarjetas, transferencias electrónicas y billeteras digitales, además de gestionar depósitos y retiros en tiempo real.
“Ellos ya resuelven con qué banco, con qué sistema financiero reciben la apuesta y en su caso la pagan. Por lo tanto, para nosotros las fintech son importantísimas”, afirmó Ochoa Sánchez.
Desde el punto de vista jurídico, Portilla Robertson destacó que estas entidades operan bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Tienen muchas obligaciones que cumplir y sobre todo están supervisadas”, explicó.
Entre los principales beneficios que aportan al ecosistema del juego digital mencionó la trazabilidad de las operaciones, la conciliación automatizada y las herramientas de conocimiento del cliente (KYC) y prevención de lavado de dinero (PLD), así como opciones para usuarios no bancarizados.
“Me parece que deben de estar integradas al sistema de juego, pero por supuesto tienen que estar condicionadas estos sistemas de pago a que tengan la autorización aplicable y que cumplan con la Ley Fintech”, agregó.
Filtro frente a plataformas ilegales
Para la industria, los procesadores tecnológicos también funcionan como un mecanismo de contención frente a operadores no autorizados.
“Cuando haya una apuesta ilegal, pues la verdad la fintech no se atreve a recibirla porque corre el riesgo de que si lo detecta el gobierno mexicano, en particular la Unidad de Inteligencia Financiera, además de que les va a bloquear la señal, pues va a cancelarles la concesión federal para poder funcionar como fintech”, sostuvo Ochoa Sánchez.
En su opinión, este es “el único control, o el más importante control” para evitar la competencia desleal y el ingreso de plataformas ilegales al mercado.
No obstante, Portilla Robertson advirtió que la supervisión se concentra en lo legal, mientras que el juego ilegal continúa creciendo en espacios donde no hay certificación, reglas claras ni pago de impuestos, lo que distorsiona la competencia y afecta la reputación del sector.
Riesgos sociales y vacíos normativos
Ambos especialistas coincidieron en que el mayor desafío no es solo financiero, sino también social, especialmente en el entorno digital.
“No hay como un control que pueda ejercer ni el casino en físico, ni mucho menos el casino online de quien está apostando, más cuando no está suficientemente regulado”, reconoció Ochoa Sánchez.
En periodos de incertidumbre económica, añadió, aumenta el riesgo de que personas apuesten por encima de su capacidad financiera, lo que puede derivar en endeudamiento y afectaciones familiares asociadas a la ludopatía.
Portilla Robertson señaló que una nueva legislación debería establecer de manera expresa mecanismos como la autoexclusión obligatoria con plazos definidos y lineamientos claros de juego responsable.
“Tenemos que proteger a los vulnerables”, concluyó.