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Uno de los riesgos que abona a la incertidumbre para la inversión productiva es la falta de velocidad en el crecimiento de la oferta energética, particularmente a partir de la llegada potencial de centros de datos, mismos que hacia 2030 generarán una demanda de 1.5 gigawatts (GW), de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Energía (Sener).
Esta demanda representa prácticamente una inversión de aproximadamente u$s 18,000 millones en los próximos cinco años, según estimaciones de la misma dependencia.
En este cálculo no se incluye la llegada de empresas de otros sectores, como de la industria de semiconductores, equipo de cómputo e incluso del sector automotriz.
En este sentido, Banamex advierte que la brecha eléctrica actual es una restricción potencial para la inversión productiva.
De acuerdo con el área de Estudios Económicos del banco, la demanda de energía crece por encima de la economía, tiene un sesgo industrial y seguirá presionando al sistema que no solo carece de capacidad instalada, una red eficiente y una oferta efectiva que avanza a paso lento.
“Cerrar esta brecha requerirá inversión en generación, transmisión, distribución, almacenamiento, integración de renovables y reducción de pérdidas. Sin embargo, la velocidad de ajuste dependerá no solo del apetito de capital, sino de la capacidad institucional para traducir la planeación vinculante en permisos, interconexiones,
reglas claras y ejecución oportuna”, advierte Banamex.
Por ello, el crecimiento ordenado y eficiente del sector eléctrico será determinante para evaluar el potencial real del nearshoring y nueva inversión manufacturera puede absorber México en los próximos años.
Los riesgos eléctricos
El Gobierno Federal presentó en enero de este año los lineamientos para los proyectos mixtos de inversión del sector eléctrico.
Este nuevo marco vuelve a abrir espacio a la inversión privada, pero según el banco mantiene riesgos relevantes.
Entre ellos, destacó la rectoría estatal dominante. El sexenio pasado el expresidente Andrés Manuel López Obrador impuso la reforma a la Ley del Servicio Eléctrico (LSE), donde estableció, entre otras cosas, que la Comisión Federal de Electricidad debe ser dueña de 54% de la capacidad de generación.
Además, la LSE establece la planeación vinculante, que establece los parámetros obligatorios que deberán seguir las empresas interesadas en participar en el sector
Por otra parte, los riesgos también radican en la incertidumbre de la regulación, que incluyen una “discrecionalidad potencial” en la entrega de permisos, los constantes cambios regulatorios, la concentración institucional, la implementación incompleta de regulación secundaria, la dependencia del presupuesto federal, las tarifas eléctricas subsidiadas y el riesgo de renegociación contractual.
“Esta arquitectura puede dar orden al sector si se traduce en reglas claras y ejecución oportuna, pero también puede limitar la velocidad de inversión si los permisos, estudios de interconexión y obras de refuerzo se vuelven cuellos de botella”, advierte Banamex.