Una regla que durante años pasó casi desapercibida acaba de quedar fuera del tablero institucional. No se trataba de un trámite menor ni de un detalle administrativo, sino de una condición que definía quién podía llegar a un cargo clave del control del gasto público en un estado concreto del país. La decisión fue tomada por la Corte Suprema y si bien no fue sorpresiva para los especialistas, sí marca un punto de quiebre en la forma en que los estados regulan el acceso a ciertos empleos públicos. Aunque el fallo no fue presentado como una novedad absoluta, su impacto es concreto y directo. La Corte Suprema volvió a poner un límite claro a los congresos estatales y confirmó que hay condiciones que no pueden imponerse sin respaldo constitucional, incluso cuando se trata de cargos de alto nivel. El Congreso local de Durango excedió sus facultades al establecer la condición de que la persona titular de la Auditoría Superior debía ser mexicana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. La Corte Suprema consideró que esta exigencia generaba una distinción injustificada, afectando el acceso a empleos públicos y potencialmente conduciendo a un trato discriminatorio en el ámbito estatal. Según la resolución, dicho requisito carece de fundamento en la Constitución Política Federal. La Corte subrayó que únicamente la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión pueden reservar ciertos cargos a personas mexicanas por nacimiento sin otra nacionalidad, lo cual no se aplica en este caso. El Pleno de la Corte Suprema invalidó una porción del artículo 97, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el estado de Durango. Con este fallo, el requisito cambió de manera definitiva. Para encabezar la Auditoría Superior de Durango ya no es obligatorio ser mexicano por nacimiento ni carecer de otra nacionalidad. A partir de ahora, solo basta con ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. En este contexto, el Máximo Tribunal ordenó notificar al Congreso del Estado de Durango para que adecúe su legislación a este criterio. El cargo queda abierto también para personas mexicanas por naturalización y para quienes cuenten con doble nacionalidad, siempre que cumplan las demás condiciones legales. La resolución que tomó la SCJN refuerza una línea constante del tribunal: los congresos estatales no pueden cerrar el acceso a empleos públicos sin un mandato constitucional expreso. En este caso, la Corte dejó claro que el control del gasto público no puede estar sujeto a restricciones que la Constitución no autoriza.