La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado la implementación progresiva de la reducción de la jornada laboral. A lo largo de su sexenio y hacia el 2030, la mandataria se comprometió a que los mexicanos pasen a trabajar de 48 a 40 horas semanales, sin embargo, el sector privado ha presentado resistencia y advirtió por despidos masivos.
De acuerdo a economistas, la transición a restar horas de trabajo sin reducir el salario de los empleados significará un alto costo para las empresas, dentro de un rango equivalente del 22 al 36% de gastos, de acuerdo al informe del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El informe del CEESP ha mencionado que limitar la semana laboral a 40 horaspuede tener implicaciones importantes para las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs), las cuales también han sido afectadas significativamente en su competitividad por aumentos en los costos laborales.
Advierten por despidos masivos en caso de reducir la jornada laboral
El Centro cuestionó que el gobierno no genera empleos, pero sí tiene la obligación de propiciar un ambiente en el que las empresas puedan crear el mayor número de puestos de trabajo posible. Al tiempo que otros factores que han incidido directamente en sus costos laborales son los aumentos de los salarios mínimos y la aprobación de vacaciones adicionales.
"Las autoridades han sido renuentes a reconocer el deterioro en las condiciones económicas. En este contexto de desaceleración económica y creciente incertidumbre comercial y jurídica, es probable que el impacto negativo en el empleo y el bienestar de los hogares sea aún mayor", alertó.
Entre las consecuencias respecto a la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana, "las empresas tendrán que ajustarse a ello". Y advirtió, aunque habría diversas maneras de hacerlo, "las empresas tendrán que decidir cuáles serían las mejores opciones, como podrían ser el pagar horas extras, utilizar otros contratos para sustituir los actuales, o simplemente llevar a cabo nuevas contrataciones".
Las empresas privadas no es que estén en contra de mejorar las condiciones laborales, sino que la "productividad permanece estancada desde hace varios años y, la competitividad general del país no está mejorando porque las empresas, que son las principales generadoras de empleo, enfrentan un entorno en donde persisten elevados niveles de corrupción, inseguridad, violencia", indicó el informe.
Y agregó que los sistemas de educación y salud están "deteriorados, junto con la desaparición de los organismos autónomos que garantizaban un ambiente de mayor transparencia y regulación pro-competencia, son factores indispensables que deno mejorar no será posiblereducir los costos de operación de las empresas ni mejorar su eficiencia".
