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A partir del 1 de enero, un nuevo marco legal en Estados Unidos autoriza a las autoridades estatales a aplicar medidas estrictas contra determinados vehículos empleados como vivienda, lo que podría provocar el desalojo de numerosas familias que dependen de estos espacios para subsistir.
La medida despertó críticas de organizaciones comunitarias y representantes locales, quienes advierten sobre el impacto desproporcionado que tendrá en la población hispana del estado.
La ley AB 630: qué autoriza y por qué preocupa a las comunidades
La legislación estatal AB 630 representa un cambio significativo en cómo las autoridades pueden actuar frente a las casas rodantes estacionadas en vías públicas.
Bajo esta normativa, los gobiernos municipales adquieren autoridad legal para retirar, confiscar e incluso disponer de forma definitiva vehículos utilizados como vivienda.
El principal desafío radica en la ausencia de soluciones de vivienda alternativas suficientes para las personas afectadas, lo que podría intensificar la precariedad habitacional y aumentar la población sin hogar en California.
Familias hispanas en la mira: el rostro humano detrás de la controversia
Las comunidades latinas de California se encuentran entre las más afectadas por esta medida. Muchas familias inmigrantes recurrieron a las casas rodantes como solución habitacional ante los altos costos de renta y la escasez de viviendas asequibles. Concejales y activistas señalaron que la ley criminaliza la pobreza en lugar de ofrecer soluciones reales al problema de la falta de vivienda. Para estos hogares, perder su casa rodante no solo significa quedarse sin techo, sino también perder sus pertenencias, estabilidad laboral y acceso a servicios básicos para sus hijos.
Organizaciones se movilizan: la lucha por detener los desalojos masivos
Diversos grupos comunitarios y defensores de derechos civiles alzaron la voz contra la implementación de esta ley. Las organizaciones argumentan que, en lugar de penalizar a las familias sin recursos con desalojos masivos, el gobierno debería invertir en programas de vivienda asequible y asistencia social. Algunos concejales propusieron moratorias locales y exigen que cualquier acción de remoción venga acompañada de opciones de reubicación dignas. La batalla legal y política apenas comienza, mientras miles de familias esperan con incertidumbre el futuro de sus hogares móviles.
