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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que marca un antes y un después en el manejo de albergues privados para adultos mayores. La resolución, contenida en el Amparo Directo 23/2025, establece los criterios bajo los cuales estas instituciones pueden implementar medidas de aislamiento sanitario sin vulnerar la dignidad de sus residentes, especialmente ante situaciones de emergencia sanitaria.
Aislamiento sí, pero con dignidad: la Corte Suprema pone límites claros
El fallo de la SCJN puntualiza que habilitar un área de aislamiento temporal no constituye un acto inhumano ni ilegal, siempre que se respeten los derechos fundamentales de los residentes. La Corte Suprema destacó que la medida sanitaria es razonable cuando busca prevenir contagios y proteger la salud colectiva dentro de la institución.
Asimismo, la resolución aclara que la omisión de trasladar inmediatamente a un adulto mayor a otro lugar no necesariamente configura negligencia, siempre que se sigan protocolos médicos, se notifique oportunamente a la familia y se mantenga un cuidado adecuado durante el aislamiento. Esto da claridad legal a los albergues privados sobre cómo actuar ante emergencias de salud sin temer sanciones indebidas.
Adultos mayores primero: comunicación y respeto como prioridades
Uno de los aspectos más relevantes del Amparo Directo 23/2025 es la prioridad que la Corte Suprema otorga a la dignidad de los adultos mayores. Según la SCJN, el aislamiento es válido únicamente cuando el espacio no se convierta en un entorno degradante o carente de atención adecuada.
El Tribunal Máximo subraya que la comunicación con los familiares es esencial: notificar el estado de salud y los pasos adoptados permite que los adultos mayores sigan siendo partícipes de las decisiones que les afectan y asegura transparencia en la gestión de los albergues. Esta resolución establece un estándar que combina la protección sanitaria con el respeto a los derechos humanos de los residentes.
Qué cambia para los albergues privados: obligaciones, protocolos y futuros casos
El fallo tiene implicaciones directas para todas las instituciones privadas que albergan personas mayores en México. Establece un marco legal que delimita responsabilidades, evita posibles litigios por negligencia y refuerza la obligación de contar con áreas de aislamiento bien equipadas y personal capacitado.
Expertos señalan que la resolución también podría servir como precedente para futuros casos relacionados con emergencias sanitarias, garantizando que las medidas preventivas se implementen de manera ordenada, legal y respetuosa. Así, la Corte Suprema no solo protege la salud pública, sino que asegura que los derechos de los adultos mayores permanezcan intactos, incluso en situaciones excepcionales.
