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En un caso que generó gran controversia a nivel internacional, Jesús Muñoz Gutiérrez, considerado uno de los criminales más peligrosos originarios de México, fue deportado por Estados Unidos a Sudán del Sur, un país que rechazó oficialmente recibirlo.
Ninguna de las tres naciones quiere hacerse responsables de él, lo que plantea un serio dilema sobre el destino de este hombre condenado por asesinato.
Esta deportación sin precedentes revela las tensiones y vacíos legales en las políticas migratorias y de repatriación.
El criminal que no quiere México, Estados Unidos ni Sudán del Sur
Jesús Muñoz fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 12 de mayo de 2025.
En Estados Unidos, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, como parte de la política migratoria de la administración Donald Trump, fue incluido en un grupo de criminales considerados extremadamente peligrosos para ser deportados.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) organizó un vuelo especial para trasladar a Jesús Muñoz Gutiérrez y otros siete individuos a Sudán del Sur, un país que accedió a recibirlos bajo procedimientos excepcionales, a pesar de no ser su lugar de origen.
Esta medida responde a que México y otros países involucrados rechazaron la repatriación de estas personas debido a sus antecedentes criminales.
México y otros países niegan la repatriación: un reto para la política migratoria internacional
La negativa de México a aceptar la repatriación de Jesús Muñoz sorprendió a muchos, ya que es inusual que un país rechace a uno de sus propios ciudadanos.
Según declaraciones oficiales del ICE, tanto México como otras naciones, incluyendo países latinoamericanos y asiáticos, rechazaron recibir a los deportados por sus graves delitos.
Esta situación evidenció un vacío legal y ético en la gestión migratoria internacional: ¿qué hacer con individuos que, pese a su nacionalidad, son rechazados por sus países de origen?
Sudán del Sur, considerado el país más pobre del mundo y con tensiones políticas internas, aceptó a los deportados como un gesto de cooperación internacional, lo que generó críticas y dudas sobre las condiciones y consecuencias de este tipo de acuerdos.