

Donald Trump volvió a colocar la inmigración como eje central de su discurso político.
En una nueva fase de su política de deportaciones masivas, el líder republicano ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizar operativos intensivos en las principales ciudades del país, con el objetivo de ejecutar lo que denominó "el mayor programa de deportaciones en la historia estadounidense".
La decisión fue anunciada públicamente el domingo 15 de junio a través de una publicación en redes sociales, en la que sostuvo que "millones de extranjeros ilegales residen en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago", y que era necesario "restaurar el orden y la ley" mediante medidas contundentes.
De hecho, funcionarios federales confirmaron que se pidió realizar hasta 3.000 arrestos diarios, una cifra que quintuplica el promedio diario de detenciones registrado durante los primeros cinco meses de su segundo mandato.

¿Dónde se realizarán las redadas?
Aunque los operativos son de gran escala, no son indiscriminados. El propio gobierno federal definió zonas y sectores "protegidos" para evitar un colapso económico.
Por ejemplo, las redadas no se realizarán en granjas, hoteles y restaurantes, tres pilares económicos que dependen históricamente de la mano de obra migrante.
Protestas masivas y rechazo de gobiernos locales
La reacción en las ciudades apuntadas no tardó en llegar. En Nueva York, Chicago y Los Ángeles se registraron protestas masivas encabezadas por organizaciones de derechos civiles, migrantes y autoridades locales. En muchos casos, los gobiernos municipales adelantaron que no colaborarán con los operativos federales.
"Esta ciudad no va a ser cómplice de una política que atenta contra la dignidad humana y nuestros valores democráticos", declaró el alcalde de Nueva York, quien además prometió reforzar los servicios legales para las personas afectadas por los procedimientos de deportación.
En Los Ángeles y Chicago, las autoridades también emitieron comunicados condenando las redadas y expresando su intención de proteger a sus comunidades migrantes, muchas de las cuales contribuyen activamente al desarrollo económico y social de estas regiones.
El rol de Stephen Miller y la visión de "mano dura"
La ofensiva migratoria tiene un claro impulsor: Stephen Miller, asesor clave de Donald Trump y arquitecto de su política anti inmigratoria desde 2017.
Él fue el principal ideólogo de la estrategia de redadas urbanas, argumentando que una "aplicación rigurosa de la ley es esencial para preservar la soberanía nacional".
Durante años, defendió la necesidad de reducir drásticamente la inmigración, tanto legal como ilegal, e impulsó medidas que van desde la separación de familias en la frontera hasta la eliminación del derecho al asilo en ciertas circunstancias.
Bajo su influencia, el nuevo operativo no solo busca disuadir el ingreso de nuevos migrantes, sino también reforzar el respaldo de la base conservadora de Donald Trump en un año electoral altamente polarizado.
Un país dividido entre seguridad y derechos humanos
Mientras el gobierno impulsa esta nueva fase de deportaciones masivas, la sociedad estadounidense se encuentra profundamente dividida.
Para algunos sectores, se trata de una acción necesaria frente a lo que consideran un "sistema migratorio colapsado". Para otros, es una política inhumana, que pone en riesgo los derechos civiles y criminaliza a comunidades enteras.
Organizaciones como Human Rights Watch alertaron sobre el riesgo de abusos, detenciones arbitrarias y separación familiar. También advirtieron que estas medidas profundizan el miedo entre personas que, aunque no tengan antecedentes ni órdenes de deportación, pueden quedar atrapadas en una redada por su aspecto o idioma.















