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La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en el centro de su agenda la mesa de diálogo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y su sindicato, confirmando que la discusión sobre el sistema de jubilaciones de la empresa sigue activa.
Desde la sede del Gobierno, la mandataria ha señalado que ciertas pensiones, particularmente las otorgadas a los empleados de confianza, están generando un gasto excesivo que compromete seriamente la salud financiera de la petrolera estatal. Con un desembolso anual en pensiones que ronda los 90 mil millones de pesos, la meta del Gobierno es implementar reformas que aligeren esta carga sin vulnerar los derechos de los trabajadores.
Sheinbaum vaticinó “sorpresas” con las pensiones de Pemex
Gran parte de este elevado costo se origina en esquemas de jubilación heredados de administraciones pasadas, criticados por ser insostenibles y poco transparentes. Sheinbaum ha anunciado una revisión rigurosa, advirtiendo que su gobierno examinará “incluso las pensiones más altas”. La Presidenta prometió “sorpresas” al afirmar que algunas de estas jubilaciones son “muy exageradas”.
Esta postura refleja una adhesión a la austeridad y la eficiencia, pilares de su gobierno, buscando modernizar y asegurar la viabilidad financiera de una de las corporaciones más importantes del país como lo es Pemex.
La revisión de las pensiones más elevadas se lleva a cabo en un contexto de cambio, legislativo para la petrolera, adaptándose a la nueva Ley de Empresas Públicas del Estado. Esto redefine el marco operativo de Pemex y su relación con el gobierno federal.
Aunque los detalles de los cambios específicos no se han hecho públicos, fuentes cercanas sugieren que se están considerando modelos para una transición paulatina en las futuras jubilaciones.
El pasivo pensional no es un problema nuevo para Pemex
Históricamente, el pasivo laboral ha sido uno de sus mayores lastres financieros, superando los 1.3 billones de pesos. Este monto, compuesto principalmente por futuros compromisos de jubilaciones y prestaciones, ha ejercido una presión continua sobre el presupuesto operativo de la compañía.
Expertos en finanzas públicas y energía concuerdan en que una reestructuración profunda de este sistema es vital. Esta reforma liberaría recursos esenciales, permitiendo a Pemex enfocarse en prioridades como la inversión en producción y la sostenibilidad ambiental.