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Con la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión por parte del Senado de la República, Carlos Slim deberá decirle adiós a una de las partes claves de su imperio: los cables aéreos.
La legislación sancionada obliga a partir de ahora a las empresas prestadoras de servicios de telefonía fija, internet y televisión, entre las que se incluyen Telmex (propiedad del magnate multimillonario mexicano), a proceder con el soterramiento de su infraestructura.
Esta iniciativa tiene por objetivo modernizar la Ciudad de México (CDMX), mejorar su imagen y proteger los servicios de telecomunicaciones, por lo que se espera que esta compañía, sumada a Izzi, Totalplay y Megacable, adopten la norma lo antes posible.
¿Qué dice la nueva Ley de Telecomunicaciones?
Según la nueva legislación que aprobó el Senado de la República Mexicana, una de las principales disposiciones que deberán adoptar las empresas de telecomunicaciones será la de soterrar toda su infraestructura.
Esto implica eliminar los cables aéreos en desuso y ubicar todo el equipamiento bajo tierra. De esta manera, se procedería con una mejora en la imagen de la Capital, una reducción de la contaminación visual y una prevención de riesgos.
Respecto a esto último, los cables aéreos suelen estar expuestos a daños ambientales, causados por tormentas, vientos o sismos. Por este motivo, el soterramiento proporcionaría grandes ventajas.
Además, el sistema subterráneo es más eficiente y menos propenso a fallas, conduciendo a una mayor agilidad en términos de conectividad.
¿Cómo se llevará a cabo el proceso de soterramiento?
Cabe recordar que en 2023, se retiraron 626,286 metros de cable en desuso gracias a un convenio entre el Gobierno y las empresas. Sin embargo, las autoridades advirtieron cómo será el proceso a partir de ahora.
Concretamente, han informado que la iniciativa se llevará a cabo de manera gradual con el objetivo de reducir el impacto financiero que provocará en las empresas prestadoras de servicio.
Además, se ha puesto el foco en lo usuarios y se les ha informado que no se verán afectados por esta medida; es decir, el costo que implica la adecuación del servicio a la nueva legislación no se trasladará a los consumidores.