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El empresario más rico de México, Carlos Slim, propuso eliminar las Pensiones para el Bienestar,uno de los programas sociales más importantes del país.
Durante su participación en la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey, argumentó que el dinero debería redirigirse hacia oportunidades de trabajo y hacia la población en extrema pobreza.
La controversia detrás de la propuesta de Carlos Slim
En los últimos días, Carlos Slim criticó duramente la asignación actual de recursos del programa social, señalando que "resulta increíble que en México se destine tanto ingreso a jubilados cuando hay seis millones de personas viviendo en extrema pobreza".
Ante esta situación, el empresario planteó una redistribución radical de los recursos federales destinados a las Pensiones del Bienestar, con el fin de atender de manera más eficaz a los sectores más vulnerables del país.
El magnate sugiere que los fondos actualmente destinados a las pensiones deberían canalizarse hacia la creación de un "nivel mínimo de bienestar" para toda la población, con especial énfasis en quienes se encuentran en situación de extrema pobreza.
¿Cómo afectaría está decisión en los titulares de la Pensión para el Bienestar?
La eliminación de las Pensiones del Bienestar tendría consecuencias directas para 6 millones de adultos mayores que actualmente reciben el apoyo bimestral de 6,200 pesos.
Este programa social representa, en muchos casos, la única fuente de ingresos estable para personas de la tercera edad que no cuentan con pensión laboral o cuyos ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
La propuesta de Carlos Slim de que los jubilados "vuelvan a trabajar" plantea interrogantes sobre la viabilidad práctica de esta medida, considerando las limitaciones físicas que enfrentan los adultos mayores.
Las alternativas propuestas por el empresario
Carlos Slim no se limitó a criticar el sistema actual, sino que propuso alternativas centradas en el combate estructural a la pobreza.
La propuesta plantea la generación de empleo como el mecanismo central para la promoción del bienestar social, en contraposición a la dependencia de transferencias directas por parte del Estado.
Su planteamiento implica una reorientación estratégica del gasto público, desviando recursos desde programas asistenciales hacia inversiones productivas que impulsen la creación de trabajo y faciliten el desarrollo económico sostenible.
No obstante, esta visión implica desafíos operativos, particularmente en la ejecución efectiva de políticas que garanticen la protección social de los grupos vulnerables.
En especial, los adultos mayores, quienes presentan mayores barreras para su reinserción en el mercado laboral formal, requieren de mecanismos complementarios que mitiguen los riesgos asociados a esta transición.