Fuente: Shutterstock
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El aumento de impuestos a refrescos y cigarros en México forma parte del Paquete Económico 2026, que busca fortalecer el gasto en salud mediante "impuestos saludables". Sin embargo, la medida podría poner en riesgo a más de 60,000 negocios que dependen de estos productos para sostener sus ventas.
El debate divide posturas: mientras el gobierno defiende la medida como una estrategia para reducir enfermedades crónicas, comerciantes y expertos advierten sobre su impacto en el empleo, la informalidad y el mercado ilegal.
Aumentan los impuestos en refrescos y cigarros en México
La iniciativa contempla duplicar el IEPS para bebidas saborizadas hasta 3.08 pesos por litro, e incrementar en un 40% el gravamen al tabaco, incluyendo nuevos productos como las bolsas de nicotina. Con esto, el gobierno espera recaudar unos 41,000 millones de pesos en 2026.
Aunque la administración de Claudia Sheinbaum promete destinar ese dinero a salud, los pequeños comerciantes alertan que estos aumentos golpearán directamente sus márgenes de ganancia. Un alza de más de 20 pesos por cajetilla podría hacer insostenible su operación en muchas regiones del país.
Riesgos para los comercios y el mercado ilegal
Organizaciones del sector minorista advierten que el incremento al IEPS podría fortalecer el contrabando, pues los precios legales subirán mientras los productos ilícitos mantendrán ventaja competitiva. Ya se estima que una de cada cinco cajetillas vendidas en México proviene del mercado ilegal.
Además, más de 60,000 negocios formales podrían cerrar si no logran absorber el aumento, afectando la economía local y reduciendo la competencia legal en el país.
Impacto en la salud pública
Desde la salud pública, los impuestos al tabaco y refrescos buscan reducir el consumo y prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. Sin embargo, especialistas advierten que, sin un control efectivo del mercado ilegal ni campañas educativas, los resultados podrían ser limitados.
Algunos analistas sugieren adoptar una política gradual que equilibre objetivos sanitarios y estabilidad económica. Solo así, afirman, podrá lograrse una verdadera reducción del consumo sin sacrificar a miles de pequeños comercios.
