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El Comité Estatal del Sindicato de Burócratas inicio un proceso de revisión exhaustiva de todas las pensiones por invalidez otorgadas en Baja California, luego de que surgieran dudas sobre la justificación médica de ciertos casos recientes.
En particular, el caso de María del Carmen Delgado Soto, trabajadora del Poder Judicial y pareja del exlíder sindical Manuel Guerrero Luna, encendió las alertas.
La revisión buscará determinar si cada situación tiene un sustento médico auténtico o si existen indicios de favoritismo y tratos preferenciales dentro de los Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Pensión polémica: mujer obtiene beneficio con apenas el mínimo requerido y desata cuestionamientos
La polémica surgió a raíz de que María del Carmen Delgado Soto obtuvo una pensión por invalidez con apenas un 51% de pérdida de capacidad residual, justo por encima del mínimo requerido según la Ley de Issstecali.
El proceso se extendió desde noviembre de 2024 hasta junio de 2025, con evaluaciones médicas realizadas por diferentes especialidades, pero sin antecedentes claros de incapacidades previas relevantes durante el último año laboral.
La Oficialía Mayor del Poder Judicial solicitó la valoración, mientras que la intervención del sindicato fue a petición de la propia trabajadora.
El director de Issstecali, Luis Gilberto Gallego, destacó que los expedientes se revisarán minuciosamente y recordó que la ley permite la revocación de pensiones, aunque es un procedimiento poco común.
Este análisis se enfocará no solo en el cumplimiento de los criterios legales, sino también en verificar que no haya influencias externas ni favoritismos que comprometan la transparencia del proceso.
Controversias sindicales y posibles conflictos de interés en la aprobación de pensiones
El caso de Delgado Soto también puso en evidencia tensiones internas dentro del Sindicato de Burócratas. Mientras la Sección Mexicali, encabezada por Selene Cota, aseguró no haber tenido participación directa en la gestión de la jubilación, el Comité Estatal pidió documentación médica que avale la pensión y señaló que el trámite fue avalado directamente por Issstecali.
El vínculo sentimental de Delgado Soto con Manuel Guerrero Luna, exlíder del sindicato y actual director de la Comisión Nacional del Agua, complicó la percepción pública del proceso, generando cuestionamientos sobre la legitimidad y equidad en la asignación de pensiones por invalidez.
Ante esto, el sindicato adelantó que exigirán la revisión de cada expediente en la próxima junta directiva y no descartan revocar aquellas pensiones que no cuenten con sustento médico real.
Procedimientos, tiempos y seguimiento médico: claves para garantizar la legalidad y transparencia
Issstecali detalló que la determinación de la capacidad residual se realiza mediante un proceso que puede tardar de seis a nueve meses, implicando la intervención de varias especialidades médicas.
En el caso de Delgado Soto, este periodo fue de siete meses, incluyendo la valoración de antecedentes médicos y seguimiento de padecimientos detectados en 2023. La subdirectora General Médico, Angélica Pon Méndez, aclaró que la pensión se otorgó tras una evaluación completa, aunque el resultado mínimo requerido generó dudas sobre posibles irregularidades.
El proceso de revisión iniciado ahora apunta a asegurar que cada pensión por invalidez tenga sustento médico genuino, evitando favoritismos y garantizando transparencia. Se revisarán todos los expedientes desde 2022 hasta la fecha, buscando identificar posibles inconsistencias o documentos insuficientes. Este esfuerzo busca reforzar la confianza en el sistema de seguridad social.