Por Paolo Gentiloni, Trevor Manuel y Mahmoud Mohieldin
Estamos cada vez más cerca de una crisis mundial de la deuda. Tal vez la chispa haya sido la guerra de Irán, pero hace tiempo que se viene amontonando leña seca: tras una década de acumulación de deuda, el aumento de las tasas de interés y las crecientes necesidades de refinanciamiento han dejado a la economía mundial cada vez más expuesta a las crisis. Además, con el impulso al alza de los precios que implican los actuales conflictos, las renovadas presiones inflacionarias están poniendo a prueba los límites de la arquitectura de la deuda existente.
Las perspectivas son especialmente preocupantes para los países en desarrollo, cuya deuda pública ascendió a 35 billones (millones de millones) de dólares en 2025, lo que supone un aumento del 10,5 % en un año. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, «la mediana del porcentaje de ingresos públicos que actualmente dedican los países en desarrollo al pago de intereses es del 9,5 %, la más alta en 25 años».
Hay 32 países de bajos ingresos en situación de sobreendeudamiento o con un alto riesgo de incurrir en ella; sin embargo, las reestructuraciones con acreedores privados demoran en promedio 2,5 años, el doble de lo que llevaba antes de la pandemia.
El problema fundamental no es cuánto deben los países, sino la falta de acceso a nuevo financiamiento y su costo. El costo efectivo por intereses está aumentando más rápidamente que la capacidad de muchos países para hacer frente al servicio de la deuda con sus ingresos fiscales y de exportaciones, y esa brecha podría ampliarse aún más.
Incluso aquellos países en que la proporción de deuda a PIB se ha estabilizado pueden tener que enfrentar graves presiones sobre la liquidez si se ven obligados a refinanciar grandes montos de deuda a tipos de interés mucho más elevados.
Este problema no se limita a los países en desarrollo; los intereses totales que debe afrontar la OCDE han superado los 2 billones de dólares.
Estados Unidos está absorbiendo enormes cantidades de capital mediante un creciente endeudamiento público; las grandes empresas de inteligencia artificial (que trabajan con computación de hiperescala) recurren cada vez más a los mercados de bonos; y el aumento del gasto en defensa y los nuevos y cuantiosos compromisos fiscales amenazan con incrementar la presión al alza de las tasas de interés.
Cuando el mayor prestatario del mundo puede endeudarse a una escala casi ilimitada, los países con necesidades de financiamiento mucho menores pueden terminar teniendo que enfrentar las consecuencias.
Esta característica de la arquitectura global de la deuda es injusta e insostenible, a pesar de haberse endeudado con cautela, algunos países pueden verse afectados por las decisiones de otros.
Las economías en desarrollo enfrentan una decisión imposible: pagar más para refinanciar la deuda existente o recortar el gasto en sanidad, educación, infraestructura e inversión productiva.
Pero la solución no puede ser únicamente la austeridad, la sostenibilidad de la deuda depende, en última instancia, de la capacidad productiva que genera el crecimiento, los ingresos y las reservas de divisas futuros. La disciplina fiscal es importante, pero también lo es proteger la inversión pública necesaria para que la deuda sea sostenible.
La buena noticia es que la comunidad internacional no parte de cero. Ya se ha comprobado que varias reformas acordadas el año pasado en Sevilla, en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, son viables.
Se están estandarizando cláusulas de suspensión del servicio de la deuda; se han puesto a prueba innovadores canjes de deuda por desarrollo; el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial acaban de aprobar cambios en su marco de sostenibilidad de la deuda; las cláusulas de acción colectiva se están generalizando; y la nueva Plataforma de los Prestatarios permite que los países deudores se hagan oír.
Los mercados están empezando a tomar nota: Moody’s ya considera que la opción de suspender el servicio de la deuda es positiva para la calificación crediticia, lo que indica que no considerará la activación de las cláusulas de suspensión incluidas en los contratos como un incumplimiento. Con ese único cambio ha desaparecido una de las principales razones por las que los responsables políticos se mostraban reacios a utilizar ese tipo de cláusulas.
Sin embargo, nuestro grupo de expertos ha identificado una laguna crítica en la implementación de las reformas de Sevilla: los instrumentos necesarios existen, pero su uso aún no es habitual, como se detalla en el informe de implementación de octubre de 2026 presentado por el Grupo de Expertos en Cuestiones Relativas a la Deuda.
Esto podría convertirse en un problema grave, dadas las actuales condiciones macroeconómicas. En una situación de emergencia, los países no pueden esperar años a que se incorporen nuevas disposiciones en los contratos o en la legislación; necesitan, con urgencia, un proceso para suspender temporalmente el servicio de la deuda, en línea con la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G-20, aplicada durante la pandemia.
Esta opción debiera estar a disposición de todos los países que enfrenten presiones intensas y ser adoptada por los bancos multilaterales de desarrollo (BMD). Ofreciendo un alivio inmediato en términos de liquidez, podemos evitar que un problema actual de refinanciamiento se convierta en una crisis de solvencia futura.
Al mismo tiempo, hay que ampliar significativamente el financiamiento preferencial y lograr que resulte más predecible: dado que las fuentes adicionales de crédito y refinanciamiento son fundamentales para la sostenibilidad de la deuda, los BDM debieran ampliar los recursos preferenciales, las garantías y el financiamiento anticíclico. En términos más generales, la comunidad de los bancos públicos de desarrollo (ahora unida a través de Finance in Common) debiera ser parte de la respuesta.
Siempre que resulte factible, los países también debieran diversificar las divisas en las que se endeudan, reforzar la gestión de su deuda interna y los mecanismos de amortiguación para garantizar la liquidez, y desarrollar estrategias de financiamiento que tengan más en cuenta los riesgos cambiarios y de refinanciamiento.
Por último, los análisis de sostenibilidad de la deuda deben distinguir entre las tensiones de liquidez y la insolvencia, y tener en cuenta la mayor permanencia de tasas de interés más elevadas, la volatilidad de los ingresos por exportaciones, las restricciones fiscales y el valor de las inversiones que refuerzan la resiliencia y la capacidad productiva.
La revisión del Marco de Sostenibilidad de la Deuda del FMI y el Banco Mundial para los Países con Bajos Ingresos (LIC-DSF, por su sigla en inglés), recientemente aprobada, es un paso en la dirección correcta. Creará incentivos para que ambas instituciones implementen evaluaciones a más largo plazo, incorporará la deuda interna al análisis e introducirá indicadores de liquidez (el financiamiento bruto necesario y la relación entre pagos de intereses e ingresos) para diferenciar las señales de tensión en la liquidez de las de insolvencia.
Sin embargo, estos cambios solo se aplicarán a partir de mediados de 2027 y no incluirán a los países que suelen tener acceso a los mercados internacionales de capitales. Esto significa que las instituciones responsables de las reformas fundamentales deben tomar una decisión: el G-20 (especialmente bajo la presidencia del Reino Unido durante el próximo año) puede convertir su compromiso con facilitar la coordinación de la deuda de los países con ingresos medios y bajos en reformas prácticas al Marco Común para el Tratamiento de la Deuda; el FMI y el Banco Mundial pueden acelerar la aplicación del LIC-DSF revisado para incorporar a los países con acceso a los mercados; los acreedores y los deudores pueden convertir los canjes de deuda de innovaciones puntuales en instrumentos repetibles; y los países deudores pueden convertir la Plataforma de los Deudores en una institución duradera.
La arquitectura acordada en Sevilla se diseñó para hacer frente a impactos mundiales que ya están aquí, pero aún no se la ha puesto en práctica. Los países que ya soportan las cargas financieras más pesadas no pueden darse el lujo de esperar a que las reformas se pongan al día.
Este comentario está firmado por Rémy Rioux, director general de la Agencia Francesa de Desarrollo, y Yan Wang, investigador académico sénior del Centro de Políticas para el Desarrollo Global de la Universidad de Boston.
Traducción al español por Ant-Translation.
Paolo Gentiloni, excomisario europeo de Economía y copresidente del Grupo de Expertos del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Deuda. Trevor Manuel, exministro de Finanzas de Sudáfrica y copresidente del Grupo de Expertos del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Deuda. Mahmoud Mohieldin, enviado especial de la ONU para la Financiación del Desarrollo Sostenible y copresidente del Grupo de Expertos del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Deuda.
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