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El Gobierno, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), avanza con un nuevo programa que busca garantizar el acceso a Internet a un grupo de trabajadores. En esta línea, las autoridades aprobaron una fuerte adecuación presupuestaria destinada a la ampliación de la conectividad.

Este proyecto será ejecutado por la empresa NEAR S.A. y forma parte del Plan de Inversión para el Desarrollo de Infraestructura de Internet. La iniciativa busca reducir la brecha digital y mejorar las condiciones de vida de miles de familias argentinas. De esta forma, se igualarán oportunidades en materia educativa y laboral con una inversión de más de $ 650 millones.

¿Quiénes podrán acceder a internet gratis?

El Gobierno avanza con este programa que busca garantizar el acceso a internet en sectores vulnerables. Las autoridades aprobaron una partida presupuestaria destinada a la ampliación de la conectividad en villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

A través de la Resolución Sintetizada 1228/2025, Enacom aprobó un ajuste del 312,89% que permitirá continuar con las obras originalmente previstas entre mayo de 2023 y julio de 2025.

El monto asignado para esta nueva etapa alcanza los $ 656.425.234 en total. Con este incremento, el monto actualizado de Aportes No Reembolsables (ANR) destinados al proyecto asciende a $1.006.081.396 según lo dispuso el interventor a cargo del organismo, Juan Martín Ozores.

Cabe recordar que el proyecto original para ofrecer internet gratis en barrios populares fue aprobado mediante la Resolución 587/2023, en el marco del programa creado por la Resolución 950/2020 hace 5 años.

La adecuación presupuestaria se realizó conforme a la cláusula cuarta del convenio firmado y siguiendo los lineamientos técnicos establecidos por la Resolución 1860/2022.

¿Cómo es el nuevo proyecto de internet gratis?

El objetivo central de este proyecto es llevar conectividad gratuita o con tarifa social a barrios populares que aún no cuentan con acceso a internet. Las tareas contemplan la instalación de infraestructura tecnológica en zonas de alta vulnerabilidad social.

Esta política pública busca mejorar el acceso a la educación, el empleo y los servicios digitales. También permitirá potenciar el desarrollo de organizaciones comunitarias, centros educativos y espacios culturales ubicados en estas áreas.