En 2005, la masa de recursos tributarios de Nación y provincias aumentará 22.000 millones de pesos. Para 2006 puede estimarse otro incremento del orden de los 20.000 millones de pesos para la recaudación consolidada ya que, aunque la economía crezca menos, la inflación hará su aporte. El instrumento fiscal es el más potente en esta instancia y, con prioridades bien asignadas, podrían atacarse varios objetivos al mismo tiempo: mejorar el gasto social, pero también generar incentivos para la inversión y para el empleo formal, al tiempo que ayudar a evitar desequilibrios entre oferta y demanda, que tienen que ver con las presiones inflacionarias. Ni más ni menos que los principales temas de la agenda económica en la actual etapa.

No sólo coinciden objetivos con instrumentos. También se trata de accionar una de las principales ventajas comparativas que hoy tiene la Argentina. Después de la reestructuración, la cuenta de intereses de la deuda pública se ubica en torno a los 4.300 millones de dólares (2,5 puntos del PIB). Compárese esto con la factura de intereses que afronta Brasil, de 50.000 millones de dólares/año (7 puntos del PIB). Hay que explotar esta ventaja, no sólo por el lado de fondos para obras y política social, pero también para fomentar la inversión y el empleo formal.

Para hacer valer esta diferencia probablemente se requiera que el Congreso evalúe la conveniencia de aprobar presupuestos plurianuales, la mejor forma de dar horizonte a medidas de aplicación gradual, que pasan de un ejercicio a otro.

Con el sólo recurso de fijar una expansión del gasto por debajo de la línea proyectada para la recaudación, se haría una formidable contribución: a) a desactivar expectativas inflacionarias; b) para despejar incertidumbres sobre el programa de financiamiento del Estado; c) traspaso de fondos desde la asistencia social a instrumentos de inserción laboral; d) financiar una reforma tributaria proempleo y proinversión.

En 2005, las mejoras de recaudación se están destinando, casi en un 100%, a mayor gasto, tanto en remuneraciones como obra pública, así como ampliación de subsidios vinculados con transportes y provisión de energía. Pero de aquí en adelante, el ciclo económico impone nuevas prioridades.

La virtud del instrumento fiscal reside en la masa de recursos que pueden involucrarse, pero también en el hecho que opera sobre la oferta y la demanda. Se ha hecho un lugar común que la estabilidad macroeconómica está asegurada por la existencia de superávit primario y externo. Esto es cierto, pero no debería abrir espacio al conformismo, puesto que hay otros equilibrios que importan: a) que la evolución del PIB vaya alineándose con el PIB potencial (que depende de las inversiones y la productividad), de modo de no generar presiones inflacionarias (por exceso de demanda) o presiones recesivas (por exceso de capacidad ociosa que frena las inversiones); b) que amplias franjas de población se incorporen al circuito productivo, a la formalidad y a empleos de calidad.

Una de las mayores paradojas de la coyuntura se explica por esas tareas pendientes. Debería llamar la atención que la economía esté mostrando algunos síntomas de recalentamiento cuando todavía la tasa de desempleo es de 16% (sin computar el Plan Jefes). En Estados Unidos suenan las alarmas inflacionarias cuando la tasa de desempleo perfora 5,5%. ¿Cómo puede ser que el umbral aquí sea el 16%?

Esta paradoja tiene que ver con la segmentación del mercado de trabajo, un problema que se podría corregir con capacitación continua y con adecuación de la legislación impositiva, laboral y de riesgos. Pero estas reformas encontrarían terreno fértil sólo si se expanden las inversiones y se multiplican los puestos de trabajo.

En este sentido, nada mejor que los presupuestos plurianuales para que las decisiones privadas puedan tomar como referencia tanto lo que el Estado haga como lo que deje de hacer.

Lo interesante es que una buena reforma tributaria podría financiarse con un 25% de la mejora anual de recaudación. Esto porque impuestos como retenciones y cheques pueden traspasarse gradualmente a cuenta de otros tributos. Sin eliminarlos ya, pero con un cronograma de reducción, el impacto sería muy positivo sobre la inversión. Pero lo que se necesita es un shock para sacar de la informalidad a la mitad de los trabajadores.

Últimamente se difundió como opción que el Estado se haga cargo de una suma fija de las contribuciones patronales. Frente a esta versión, nos parece superior la idea propuesta el año pasado por Ieral de generar un crédito fiscal IVA por una parte fija de las contribuciones: esto induce un encadenamiento de blanqueo, no sólo laboral sino impositivo, con lo que la reforma se financia a sí misma. Además, si se implementa inicialmente para las Pymes de hasta 80 empleados, tiene un costo muy moderado, de 1.700 millones de pesos. O sea sólo el 7,7% del aumento de ingresos de Nación y provincias ( ver al respecto el artículo publicado en El Cronista de 19 de agosto de 2004: “Alternativa para mejorar el sueldo de bolsillo y, a la vez, la competitividad ).