Un puñado de empresas que embarca nada menos que un tercio de las exportaciones del país se encuentra en vilo por un proyecto con media sanción en Diputados que regula las ventas de granos y cereales al exterior y apunta a evitar maniobras para eludir el pago de retenciones. Según pudo confirmar El Cronista en fuentes parlamentarias, el texto será tratado el martes próximo en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y tiene chances de obtener dictamen para convertirse en ley cerca de fin de año.

El proyecto modifica drásticamente la ley 21.453, que estableció en 1976 el régimen de declaraciones juradas que aún hoy orienta al mercado y permite a los exportadores registrar sus ventas incluso antes de adquirir el producto.

A través de ese mecanismo –argumentan los defensores de la iniciativa del demoprogresista Rafael Martínez Raymonda– los privados se apuraron en octubre a anotar 18,8 millones de toneladas de soja, que en su mayoría se cosechará recién en mayo y por la que pagarán las retenciones anteriores a la última suba, que las llevó del 27,5% al 35%.

Por eso, a futuro, el proyecto obliga a comprar los granos antes de declarar la exportación. Pero lo más controvertido es que también establece que quienes hayan anotado ventas este año pagarán la diferencia de derechos entre el momento del registro y el del embarque. Esa diferencia suma u$s 450 millones.

“Si la ley sale así como está, vamos a plantear su inconstitucionalidad porque legisla retroactivamente , advirtió ante este diario un hombre fuerte de las acopiadoras.

Las principales afectadas serían las llamadas “cinco hermanas –las multinacionales Dreyfus, Cargill, Bunge&Born, André y ADM– y otras pocas firmas que acopian y efectúan los procesos necesarios para embarcar hacia el exterior las commodities que compran a los productores. Los productores igual reciben por sus granos el precio local, que lleva implícita la retención actual.

“Los productores son las víctimas, pero algunos no lo entienden y se sumaron al lobby de los exportadores , dijo ayer a El Cronista Martínez Raymonda, quien dejó el lunes la banca que sólo ocupó por seis meses, en reemplazo del macrista devenido kirchnerista Jorge Argüello. Se refería a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que le pidieron que retirara el proyecto.

El texto original del ex legislador fue modificado por el oficialismo e impulsado en Diputados por una heterogénea mayoría que incluyó a la oposición. Algo similar ocurriría en el Senado la semana próxima.

Las compañías exportadoras creen que no podrán frenar la norma y menos aún con el kirchnerista Roberto Urquía al frente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, que presidió esta semana por primera vez tras la salida de Jorge Capitanich. Ocurre que Urquía es dueño de Aceitera General Deheza (AGD) y su negativa podría verse como una defensa de su propio interés.

Por eso su estrategia apunta a introducir modificaciones al texto para evitar su retroactividad y a enfrentarlo en los tribunales en caso de que prospere.

Pero Martínez Raymonda promete pelear el tema incluso desde fuera del Congreso. “Para evitar que se cuestione su constitucionalidad se le añadió el carácter de ley aclaratoria , subrayó. “Y si esta ley no sale, voy a hacer una denuncia penal por violación de los deberes de funcionario contra (el secretario de Agricultura) Javier de Urquiza, que no cerró los libros .

Los libros son en este caso los registros de exportación, que suelen cerrarse cuando se empieza a estudiar un cambio impositivo. Como siguieron abiertos y las versiones empezaron a circular sin que nadie las desmintiera, los exportadores avanzaron. “Sin violar ninguna ley , aclaran por las dudas.