La papelera Massuh, es sin lugar a dudas un caso testigo de la tradición de un sector del empresariado argentino, que se ampara en los beneficios del Estado y termina vaciando una empresa sin tener en cuenta las consecuencias sociales y el impacto en el aparato productivo. El accionista mayoritario, Héctor Massuh, se escuda en la crisis financiera internacional que estalló con la quiebra de Lehman Brothers para explicar el fracaso de su empresa. Lo que no puede explicar el ex presidente de la Unión Industrial Argentina es por qué en el mismo período en que su empresa entró en el tobogán que lo llevó a la cesación de pagos y el concurso preventivo, el resto de sus competidores incrementaron producción, exportaciones y ganancias. Massuh acumula una larga historia de fracasos a la sombra del Estado protector. La empresa adhirió a cuanto programa de promoción o financiamiento estatal existiera y aún así terminó vaciada y sin patrimonio. Créditos a tasas bajas del Banade que nunca se cancelaron, subsidios de promoción industrial y estatización de pasivos contraídos en el exterior fueron algunos de los beneficios que no alcanzaron para balancear las cuentas de la empresa. Se benefició tanto por licuaciones de deuda dispuestas por la dictadura militar como por medidas diseñadas a la carta por Domingo Cavallo, cuya campaña política financió luego extensamente; y por la pesificación asimétrica de sus deudas con el sistema financiero local que pergeñó Eduardo Duhalde. La banca estatal es su principal acreedora y accedió a la protección sectorial, beneficios especiales que no recibieron sus competidores y barreras arancelarias. Pero nada de eso alcanzó. El final es conocido, el Estado debió salir a salvar las fuentes de trabajo de una empresa con un pasivo de 400 millones de pesos propiedad de un empresario millonario. Un informe del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, integrado por economistas, abogados laboralistas y contadores revela que Massuh es la única empresa de la industria papelera que presentó pérdidas en su balance de 2008. Dice Massuh que no se trata de un salvataje para los accionistas, porque se paga un canon por el alquiler de las máquinas, lo que no dice el empresario es que la intervención del Estado permitió reactivar una compañía abrumada por las deudas. El último capítulo de ese proceso de endeudamiento que los trabajadores denuncian como un vaciamiento encubierto es el préstamos por 40 millones de dólares que obtuvo Massuh del fondo de inversión holandés ‘IIG Trade Opportunities Fund BV’ en agosto, por el que recibió en garantía una hipoteca de tercer grado sobre el inmueble de la planta de Quilmes y una prenda sobre sus maquinarias. El empresario se comprometió a utilizar ese dinero para cancelar deudas de corto plazo, pero a los dos meses Massuh cerró esa unidad productiva y repitió así un procedimiento de endeudamiento y vaciamiento que lleva décadas. La diferencia es que esta vez el Estado intervino como último reaseguro de los trabajadores.