Las grandes cerealeras redoblaron su presión contra un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados, al cual los senadores del oficialismo y la oposición prevén otorgar dictamen favorable mañana en la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda. La aprobación del texto –redactado originalmente por el demoprogresista Rafael Martínez Raymonda– es clave para el Gobierno, que perdería sin él un tercio del dinero que proyectó recaudar por la reciente suba de las retenciones a los granos.

El proyecto modifica drásticamente la ley 21.453, que estableció en 1976 el régimen de declaraciones juradas que aún hoy orienta al mercado y permite a los exportadores registrar sus ventas incluso antes de adquirir el producto. Su objetivo es evitar maniobras para eludir el pago de retenciones mediante esos registros anticipados.

A través de ese mecanismo, los privados se apuraron en octubre a anotar la exportación de 18,8 millones de toneladas de soja, que en su mayoría se cosechará recién en mayo y por la que pagarán las retenciones anteriores a la última suba, que las llevó del 27,5% al 35%. Lo hicieron ante los rumores de la suba del gravamen y para eludir el cierre de los registros, algo que esta vez el Gobierno no hizo.

Para abortar esa posibilidad, el proyecto obliga a comprar los granos antes de declarar la exportación. Pero también establece que quienes hayan anotado ventas este año pagarán la diferencia de derechos entre el registro y el embarque. Eso suma u$s 450 millones.

Según pudo confirmar El Cronista en fuentes empresariales, los representantes de las acopiadoras –Cargill, Bunge, Louis Dreyfus Commodities (LDC) y ADM– mantuvieron febriles contactos en los últimos días con los senadores miembros de la comisión, que preside el oficialista Roberto Urquía. Su meta: eliminar al menos esa cláusula de retroactividad, que consideran anticonstitucional.

El tema es delicado para el empresario mediterráneo, muy cercano a la presidente Cristina Fernández pero a la vez dueño de Aceitera General Deheza (AGD), una de las firmas que se vería perjudicada si el proyecto se convierte en ley. “Con él ahí es todavía más complicado políticamente frenarlo , confesó un ejecutivo de las acopiadoras.

El cuerpo pospuso hasta mañana la reunión que tenía prevista para hoy porque varios de sus miembros viajaron a la cumbre del Mercosur. Invitaron a representantes de la AFIP, de la Subsecretaría de Ingresos Públicos y de “toda la cadena sojera , según informaron anoche cerca de Urquía.

En una cita homóloga realizada dos semanas atrás en Diputados, los voceros del sector privado advirtieron que la norma atentaría contra la dinámica de los mercados de futuro. “Cuando el comprador internacional quiere comprar granos, se los va a comprar a uno argentino, americano, canadiense o brasileño y no va a estar esperando que el exportador argentino previamente tenga comprada la mercadería , argumentó allí Mario Acoroni, director de la Bolsa de Comercio de Rosario.