Los industriales volvieron de vacaciones más preocupados que distendidos, ante la falta de definiciones en el Gobierno respecto de los baches en la legislación laboral y por la renegociación de los acuerdos salariales. Para despejar temores por la inminente presentación al Congreso de la ley de riesgos laborales, la Unión Industrial Argentina (UIA) pedirá una reunión con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Y en cuanto a los salarios, esperará que el Gobierno cumpla con su promesa de contener el reclamo que hará el jefe del sindicato de los camioneros, Hugo Moyano, a los empresarios de esa actividad, por entender que esa paritaria será la guía para los otros gremios.

La UIA celebró ayer su primera reunión anual de Comité Ejecutivo y de Junta Directiva, con una fuerte e inusual concurrencia para esta época del año. El abogado Daniel Funes de Rioja, asesor de la entidad, presentó un informe sobre las principales preocupaciones del sector empleador. En concreto, Funes se refirió a la ley de ART, al fallo judicial que habilitó a los empleados de empresas tercerizadas a demandar a la contratista madre y a las negociaciones de acuerdos salariales. Previamente, el presidente de la central industrial, Héctor Méndez, repasó los encuentros que durante enero mantuvo con el presidente Néstor Kirchner y con funcionarios del Gobierno.

Según trascendió, los empresarios dejaron constancia de su temor a que el Ejecutivo apure la presentación del proyecto de ART, incluso antes de la finalización del período de sesiones extraordinarias, en febrero. En esa línea, se decidió plantear una audiencia con Tomada a su regreso de Ginebra, Suiza, con la participación de Méndez y Funes de Rioja.

Es que en enero los industriales presentaron 60 objeciones al borrador de proyecto que les expuso el ministro, por lo que descartaron prestar su aval a esa iniciativa. En cambio, dijeron estar más dispuestos a volver a estudiar los lineamientos que el año pasado presentó el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

De acuerdo a la UIA, el proyecto de Tomada terminará por generar un incremento de la litigiosidad al no poner límites a la presentación de juicios civiles por accidentes laborales. Los ejecutivos reunidos ayer sumaron esa iniciativa al fallo sobre tercerizadas y se quejaron de que tanto del Gobierno como de la Justicia parece notarse un claro sesgo antiempresario.

El otro eje de discusión fue el reinicio de negociaciones paritarias. En ese sentido, se planteó que hasta mayo el Gobierno jugará buena parte de la suerte de su política de contención de precios, y que si se producen reclamos sindicales excesivos se caerá en el riesgo de una carrera con los salarios de resultado incierto. También se concluyó que de los 800 convenios colectivos que corresponden a industrias, cerca de la mitad están sujetos a acuerdos de precios, por lo que esas actividades tendrán menos margen para aumentar salarios por el previsible traslado a los costos del ajuste.