Como era previsible, la resolución del Palacio de Hacienda autorizando la importación de maquinaria vial usada, reavivó la reacción de los fabricantes y de los importadores de equipos nuevos del sector, que denunciaron la violación de las cláusulas del acuerdo automotor común suscripto con Brasil.

La resolución fue firmada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, a fines de junio y tiene por soporte un decreto de septiembre de 2004 que abrió la posibilidad de importar durante 24 meses maquinaria vial autopropulsada con no más de 10 años de antigüedad, así como de autopartes usadas o remanufacturadas necesarias para su mantenimiento.

Esta normativa fue defendida por los importadores de equipos usados nucleados en Caibic, para quienes el régimen automotor del Mercosur admite excepciones, con el argumento de que este tipo de compra es la única posibilidad que tienen gran cantidad de firmas constructoras.

Ahora, la Resolución 364 precisó que los bienes importados deberán ser destinados a obras de infraestructura financiadas con fondos públicos, siempre y cuando no exista producción nacional, o que ésta no resulte suficiente en cantidad o en calidad, antigüedad o aptitud de uso. Además con cada máquina podrá importarse hasta 30% de su peso de partes usadas destinadas a su mantenimiento.

La apertura importadora provocó el reclamo de Afat (fabricantes de tractores y equipamiento agrícola y vial), sobre la base de que la normativa del Mercosur en materia automotor, dentro de la cual está incluida la maquinaria vial, prohibe expresamente la importación de bienes usados.

Las empresas de la entidad, importadoras a la vez de equipos viales nuevos, sostienen que la resolución deja “notorios vacíos regulatorios e introduce cuestionables cláusulas cuya aplicación podría originar perjuicios tanto para el fisco como para empresas que fabrican y/o distribuyen estos bienes ‘0’ hora de distintos orígenes y sin beneficios para constructores de obras públicas .

Como prueba de esta indeterminación Afat señaló que la norma en cuestión no precisa que las operaciones estarán sujetas al arancel del 28% que rige para la importación de máquinas usadas, dejando abierta la posibilidad de una posterior baja del impuesto aduanero.

Otro de los puntos observados es la cláusula que habilita la intervención de importadores, creando un comercio de intermediación en detrimento de la operación directa entre las empresas constructoras y los vendedores de máquinas usadas, “gestándose un nicho de negocios .

Con mayor énfasis se rechaza la autorización de autopartes usadas hasta el 30% (con posibilidad de ampliación) del peso de la máquina. El comunicado de Afat señala que esta proporción equivale de 4.500 a 10.000 kilos de importaciones de piezas y repuestos, autorización “alarmante tanto por la cantidad como “por la casi imposible comprobación de destino . En este sentido, la entidad sostiene que teniendo en cuenta que el precio de los equipos usados con menor antigüedad y buen estado de mantenimiento no presenta ventajas decisivas de precio respecto a las máquinas nuevas, el verdadero negocio consistiría en la posibilidad de importación masiva de partes, piezas y repuestos.

La autorización de importar entre las partes y piezas, neumáticos usados es también motivo de cuestionamiento: lo prohíbe la Ley 25.626.