La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas advirtió al Poder Ejecutivo que la utilización de la franquicia diplomática en las licitaciones internacionales, realizadas en el marco del Programa de las Naciones Unidos para el Desarrollo (PNUD), viola la legislación local, y le reclamó que adopte medidas para corregir la situación.

La utilización de la franquicia, según la cual el competidor extranjero no paga impuestos aduaneros, fue denunciada por la Unión de Proveedores Estatales (UAPE) ante distintos organismos del Estado, por discriminación contra los fabricantes nacionales y vulneración de la normas aduaneras, sin obtener hasta este pronunciamiento, respuesta alguna.

En un detallado dictamen firmado por el titular de la Fiscalía, Manuel Garrido, se sostiene que “se está desvirtuando el alcance del régimen de franquicia diplomática cuya finalidad es permitir el ingreso de bienes de diplomáticos extranjeros, sin mayores trastornos, por la particulares características de la actividad que desempeñan .

El documento señala que del convenio de cooperación firmado con el PNUD “no se desprende en forma alguna la posibilidad de apartarse de las previsiones legales que rigen ordinariamente las licitaciones públicas , salvo que se tratase de bienes y servicios no disponibles inmediatamente en el país.

Por lo tanto, la franquicia en cuestión “no puede ser utilizada como medio para generar beneficios extraordinarios a terceros, ni aun al Estado, en detrimento de la libre concurrencia de los postulantes en una licitación pública .

El sistema utilizado en numerosas licitaciones por el Estado nacional, algunos gobiernos provinciales y la administración porteña, crea una situación desigual para los fabricantes locales, que además deben pagar los derechos aduaneros correspondientes cada vez que importan insumos. Al respecto el dictamen firmado por Garrido dice que “el principio de igualdad fiscal es una aplicación específica de la regla de igualdad ante la ley , y advierte que en las licitaciones “en que concurran oferentes nacionales y extranjeros, se verificará una sustancial diferencia que siempre colocará a los oferentes locales en una posición desigual y desventajosa .

Asimismo, la Fiscalía le imputa al PNUD, al gobierno nacional, administraciones provinciales y autoridades de la Ciudad de Buenos, el ejercicio de facultades exclusivas del Congreso en materia de legislación aduanera, en referencia a la decisión de establecer excepciones en la aplicación del régimen de derechos de importación vigentes.

Además de advertir sobre la ilegalidad de la utilización de la franquicia diplomática en las licitaciones internacionales, la Fiscalía reclamó a la Cancillería información sobre las solicitudes recibidas en los últimos cuatro años para importar o exportar mercaderías bajo el sistema cuestionado.

También pidió al Administrador Nacional de Aduanas que informe cuántas de esas solicitudes fueron remitidas en ese período desde la Cancillería.