Las provincias argentinas tienen un rol indelegable en la provisión de bienes y servicios públicos que hacen a las condiciones esenciales para el ejercicio de la ciudadanía. Son responsables por la provisión de salud, educación, justicia y seguridad, y recae sobre ellas la garantía de prestación de los servicios de agua, saneamiento y la distribución de energía eléctrica. Estas responsabilidades se ven reflejadas en la participación de las provincias en el gasto público total del país, que representa alrededor de 40%. Frente al alcance de las responsabilidades de las provincias, la calidad institucional se convierte en un factor determinante de la eficacia de los gobiernos subnacionales.

CIPPEC realizó en 2009 un estudio en 22 de los 24 distritos subnacionales que analiza el marco legal, el funcionamiento efectivo y la brecha de implementación de algunos aspectos esenciales de la calidad institucional: el acceso a la información pública, la transparencia de las elecciones provinciales, la regulación del financiamiento de la política, los mecanismos de rendición de cuentas entre poderes, el proceso presupuestario y la calidad de la administración pública provincial.

La principal conclusión del proyecto “Indicadores de calidad institucional para las provincias argentinas , que es parte de una iniciativa regional de la organización Global Integrity, es que existe un alto grado de heterogeneidad entre las provincias. Se refuta así la idea dominante de la mayoría de los estudios internacionales, que valoran la calidad institucional de la Argentina evaluando sólo el nivel nacional y asumiendo un mapa homogéneo en todo el país.

En cuanto al acceso a la información pública, los resultados por provincia muestran que es un desafío en la mayoría de ellas, aún cuando en la mitad de los distritos existe legislación que lo reconoce. 12 de los 22 casos relevados cuentan con alguna norma que garantiza el derecho de acceso a la información pública, pero sólo ocho cuentan con una normativa provincial.

La adecuada regulación y el efectivo control sobre el financiamiento político en el nivel provincial también es un reto. El estudio muestra que el financiamiento público en muchos casos no funciona a partir de mecanismos transparentes, que la regulación de los aportes privados y los gastos es insuficiente, y que los mecanismos de control patrimonial a los que están sometidos los partidos, laxos. Sólo en ocho de los casos la ley establece criterios claros para la asignación de los fondos públicos.

Además, varios datos indican que, en el nivel provincial, la “cultura de rendir y pedir cuentas es débil. Por ejemplo, en la mayoría de los casos (86,4%) no es habitual que el gobernador y su gabinete se presenten en ruedas de prensa o asistan a la Legislatura para fundamentar sus decisiones de política.

Otro desafío común es el marco institucional que soporta el proceso presupuestario. En general se observa la preponderancia del Ejecutivo en todo el proceso y una actitud pasiva por parte del Legislativo, que se limita a aprobar el proyecto de presupuesto remitido por el Ejecutivo sin introducir cambios.

La profesionalización del servicio civil también aparece como una de las grandes cuestiones pendientes de las provincias para fortalecer la capacidad de gestión. Más de la mitad de ellas no cuenta con legislación que establezca mecanismos para prevenir las interferencias políticas en el manejo de la administración pública provincial y regulen una carrera administrativa basada en la igualdad de oportunidades y el mérito.

Pero no todas son malas noticias. El estudio destaca aspectos que constituyen fortalezas en la calidad institucional de los gobiernos provinciales. Todas las provincias exhiben un buen desempeño a la hora de garantizar el derecho a elegir y ser elegido, aunque la forma en la que los partidos políticos definen las candidaturas aparece todavía como un desafío.

Esta investigación y sus resultados presentan una hoja de ruta posible para la introducción de medidas de reforma institucional que contribuyan a mejorar la calidad de la representación política, la prevalencia del Estado de derecho y la efectividad del gobierno en las provincias argentinas. El fortalecimiento del Estado es una condición de primer orden para promover en los niveles subnacionales una estrategia de desarrollo social sostenible.