Con el visto bueno del presidente Néstor Kirchner, el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso el proyecto oficial de Ley de Riesgos del Trabajo, una iniciativa en estudio desde fines de 2004 y reclamada por los empresarios debido al crecimiento de los juicios por accidentes de trabajo registrado desde entonces. Fuentes del sector privado con acceso a la iniciativa confirmaron que Kirchner prometió elevarla quizás esta misma semana a consideración de los legisladores. El proyecto, sin embargo, comenzará a tratarse en el período ordinario de sesiones, que comenzará el 1 de marzo.

En el Ejecutivo sólo confirmaron que el último borrador fue elaborado en enero por el Ministerio de Trabajo tras considerar las objeciones que los empresarios presentaron a una iniciativa previa de esa cartera. Fuentes oficiales explicaron que de las 60 impugnaciones expuestas por el sector privado, representado sobre todo por la Unión Industrial Argentina (UIA), se produjeron cambios en cerca de 40 puntos. La versión del Gobierno da cuenta que no se atendieron objeciones que hubieran generado tachas de inconstitucionalidad a la norma.

El sistema de Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART) entró en crisis en septiembre de 2004, cuando dos fallos de la Corte Suprema de Justicia pusieron fin a los frenos que existían para iniciar juicios civiles por parte de los accidentados y a los techos en los montos indemnizatorios, en ambos casos por considerarlos inconstitucionales. Desde entonces, los empresarios denunciaron la reedición de la industria del juicio, que en 2005 habría elevado 126% el número de demandas en comparación con 2003.

La preparación de un proyecto oficial generó más de un conflicto en el Gobierno. La iniciativa original quedó a cargo del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hasta que en noviembre pasado y de forma sorpresiva, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, días antes de su salida del Ejecutivo, anunció que en pocos días enviaría al Congreso un proyecto que se suponía de su autoría. El pedido de renuncia a Lavagna ese mismo mes dejó el tema en suspenso y su sucesora, Felisa Miceli, nunca dio señales concretas al respecto.

No obstante, el texto definitivo que se enviará al Congreso contiene buena parte de los artículos elaborados por el equipo de Tomada con algunos agregados del que presentó Lavagna y en línea con los reclamos de la UIA, tal como presumen en la entidad fabril. Lo cierto es que la última revisión del proyecto, antes de la firma de Kirchner, estuvo a cargo del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini.

En la CGT, que al igual que la UIA presentó el año pasado una iniciativa propia, dijeron temer que el Gobierno termine por presentar una ley a la medida de los industriales en vista de que no fueron consultados para la elaboración del borrador. Un dirigente admitió que el texto que será remitido al Congreso no será el que elaboró la central obrera.

Las principales críticas que presentó la UIA al texto de Trabajo, se presume atendidas en el borrador definitivo, fueron que no debía ser acumulativa la posibilidad de cobrar el seguro tarifado de las ART con la de iniciar juicios civiles (la denominada doble vía); que era indeterminado el listado de enfermedades laborales, y que se les daba demasiada intervención en el sistema a las comisiones internas sindicales de cada empresa.