Si hoy miramos el sistema de compras y contrataciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos damos cuenta inmediatamente de la deficiencia estructural que tiene en relación con la visión de creación de valor en el sector público. Desde hace un tiempo largo el entorno político e institucional de la Capital y la definición de objetivos con propósitos claros y compartidos da muestras de estancamiento y esterilidad. Sin ir tan lejos, el sistema de compras y contrataciones que actualmente rige data de 1972, a través del Decreto 5720 que -a nivel nacional- está derogado.

Y por otro lado, ¿hace falta que nos detengamos a enumerar las fallas en las capacidades internas de gestión y operación? Esto impacta en cada una de las áreas de gobierno, y el buen manejo de los dineros que aportan los ciudadanos no es una excepción en este sentido.

Da algo de sana envidia analizar el proceso de transparencia y modernización en el sistema de compras públicas que iniciaron hace un tiempo nuestros vecinos chilenos, y los excelentes resultados que han logrado en materia de disminución de hechos de corrupción y la creación de valor en el mercado de las compras públicas, mediante la introducción de instrumentos tecnológicos y de gestión de excelencia. Sin embargo, cuando se evalúa este proceso en detalle se distinguen dos etapas que pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones en nuestro caso. En el comienzo no se reconocía que la clave de la transformación no radicaba en una simple digitalización de los procesos de compra, sino en un complejo cambio de lógicas y prácticas organizacionales muy arraigadas en la administración pública. La evolución de las dos fases de Chilecompra entre 2000 y 2003, desde una pizarra electrónica de registro de transacciones hacia un sistema de información oportuna tuvo lugar en un marco institucional y legal similar, y respondió a la misma reforma al sistema de compras de 1998.

Hoy tenemos la oportunidad de dar el primer paso en la modernización del sistema de compras públicas de la Ciudad impulsado por la Legislatura porteña donde se encuentran en discusión avanzada varios proyectos de ley que, en mayor o menor medida, priorizan procedimientos muchos más ágiles y económicos, con las debidas garantías de transparencia y publicidad. Y decimos el primer paso porque estamos convencidos -y el caso chileno lo muestra claramente- de que el papel central de estas transformaciones lo juega la voluntad política: el respaldo del Poder Ejecutivo y sus autoridades es un factor indispensable para que se puedan implementar todos los cambios necesarios para llevar la gestión en esta área a niveles de excelencia.

Podemos elaborar la mejor y más moderna Ley de Contrataciones y Compras Públicas. Pero si no contamos con un compromiso político fuerte del más alto nivel gubernamental, no servirá de nada. Las distintas etapas de implementación requieren de una estrategia de seducción, lo que incluye mecanismos de incentivos y alianzas estratégicas para enfrentar, en muchos casos, prácticas anquilosadas como la distribución de favores y las fuentes de financiamiento político.

Nuestra ley de Compras de la Ciudad debe tender, entre otras cosas, a:

Asegurarse que los contratos públicos por encima de cierto monto sean adjudicados mediante licitaciones públicas, abiertas y competitivas;

Proporcionar a todos los oferentes y preferentemente al público en general, un fácil acceso a la información sobre todas las fases del proceso de compras, incluyendo la selección y evaluación de los procesos, y los términos y condiciones del contrato y sus enmiendas.

Asegurarse de que ningún oferente tenga acceso a información privilegiada en ninguna etapa del proceso de contratación.

permitir que los oferentes tengan suficiente tiempo para preparar la licitación y los requisitos de pre-calificación cuando corresponda.

Asegurarse de que los controles internos y externos y los organismos auditores sean independientes y funcionen efectivamente, y que sus informes sean accesibles al público.

Esta vez, esperamos contar con la voluntad política del Ejecutivo de la Ciudad que ha comenzado a trabajar con los legisladores un proyecto de ley de consenso y de este modo estaremos más cerca de empezar a cuidar mejor el dinero de los ciudadanos.