Cuando el Gobierno, obligado por la dura derrota electoral en las elecciones legislativas, anunció que recibiría a los sectores políticos y económicos para escuchar sus problemáticas, los pequeños y medianos empresarios saludaron la apertura al diálogo. Con el correr de los días, se comenzó a conocer la agenda de los que irán rotando sus ubicaciones en algún salón de la Casa Rosada o del ministerio de Trabajo, y la mayor parte del sector pyme no ha sido notificado aún formalmente. El reclamo no se hizo esperar: la difusión de comunicados de importantes cámaras, sumado al sondeo realizado por El Cronista entre los principales actores que dinamizan la economía (el mismo Gobierno se encarga de subrayarlo en todos los discursos oficiales, señalando la importancia de las pymes en la generación de empleo y valor agregado) reflejan el disgusto por no ser convocados a sentarse en la mesa del diálogo. Según enfatizan, esta invitación es indispensable teniendo en cuenta las serias dificultades de supervivencia
que vienen sufriendo diversos sectores desde el enfrentamiento del Gobierno y el campo el año pasado, lo que marcó el puntapié de una crisis que nació en el interior, para agudizarse y trasladarse a todo el país.
De esta manera, los empresarios exigen una amplia participación en la convocatoria que realizó el Ejecutivo, y hasta ya puntualizaron los pedidos y urgencias, algunos históricos y otros coyunturales que, entienden, no deberían faltar si la idea es afianzar un proyecto de país a mediano y largo plazo.
“El Estado impone las reglas, el sindicato debe velar por los derechos de los trabajadores, pero el que crea el empleo es el empresario, en especial el nacional pyme. Sin una amplia representación del verdadero empresariado nacional, el reparto quedará entre los mismos de siempre , dispara Raúl Zylberstein, secretario general de la Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera). La misma entidad, que nuclea a numeras cámaras a nivel nacional, agrega que “son las grandes empresas, las de mayor poder; como explotación primaria, industrias oligopólicas, grupos económicos y financieras las que siempre enfrentan al Estado cuando éste trabaja por una política nacional y distributiva. Para generar riqueza y distribuirla, es necesario hablar de cómo favorecer a las pymes, agentes de la distribución y la creación de riqueza . Eligiendo un discurso belicoso, esta cámara es la que más explicitó su postura en las últimas horas, sumando la adhesión y reclamos de otros representantes empresarios.
“La crisis está instalada en el sector de demanda laboral, y si las pymes producen el 50% del PBI, según propios dichos de la ministra de la Producción, Débora Giorgi, y el 70% de la mano de obra, y no te sientan en la mesa algo está mal , enfatiza Francisco Dos Reis, presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) y de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme).
En el petitorio que maneja el sector, el Gobierno se encontrará con una extensa lista de preocupaciones y reclamos:
n CARGAS SOCIALES Y SISTEMA TRIBUTARIO DIFERENCIAL: En materia de monotributo, se reclama que una pequeña empresa no tenga los mismos requisitos de papeles y tasas que una multinacional que factura millones; es decir que sus dueños o directores no sufran la misma carga que los de una petrolera. Se destaca la necesidad de distinguir a las empresas por su constitución y por su actividad. A partir de este registro diferenciado, argumentan los empresarios, se podrían alentar políticas específicas para pymes; si se quieren subir reintegros o retenciones se los puede hacer para las empresas segmentadas, ya sean industriales o de servicios.
Se pide tomar como modelo a seguir el aplicado en Brasil, donde las empresas de pequeño porte tienen un régimen impositivo menor. Es otro tipo de sociedad, pagan un monotributo, no así cargas sociales, aportando a un fondo de garantía (7% del salario bruto), que funciona como una especie de indemnización anticipada que va a la cuenta del trabajador. “Si bien este esquema es muy difícil de replicar, la manera de aproximarse sería descontar del IVA los aportes patronales. De esa manera, además, el trabajo en negro ya no sería negocio, y se blanquearías las ventas. Eso es lo importante de diferenciar la empresa. Acá tienen el mismo trato una gran firma y una compañía de 10 trabajadores , sostiene Zylberstein.
“Necesitamos con urgencia que el Gobierno reduzca el costo laboral. En una pyme se ubica en el 30% de lo que produce y para grande representa entre 5 y 7% , agrega Dos Reis.
nCRÉDITOS: Modificación de la Ley de Entidades Financieras para dar accesibilidad a las pymes al crédito. La cámaras coinciden en reclamar un cupo no menor al 30% del total de los créditos para las pymes productivas que estén dentro del régimen. “Se necesitan líneas de financiación a mayor plazo y tasas acordes a la coyuntura. Por ejemplo, para una máquina se necesita un plazo mínimo de devolución de cinco años hasta cumplir con la deuda. El único banco que lo otorga es el Nación. En el sistema financiero, lo máximo que se ofrece son 12 meses. Y la tasa llega al 30%, una ecuación imposible de cumplir , sostiene Vicente Lourenzo, secretario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
nREINTEGRO/RETENCIONES: El primer problema que plantea el sector exportador de bienes productivos es la extensa demora en los reintegros del IVA, que en algunos casos llega a los seis meses. “Sumado al pago de derechos de exportación, genera que no logremos ser competitivos en precio en los mercados internacionales. Por eso estamos trabajando por debajo del 50% de nuestra capacidad , asegura Alfredo Bonazzi vicepresidente de la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta, Bienes de Capital y Servicios para la Producción (Carmahe). En tanto, desde Cgera reclaman eliminar las retenciones para las manufacturas de origen industrial.
nBARRERAS PARA-ARANCE-LARIAS: Los importadores de bienes de capital muestran preocupación y fastidio por la implementación de las licencias no automáticas que el Gobierno implementó con la excusa de proteger a las firmas local. Pero para los empresarios, esta medida comenzó a causar enormes inconvenientes por la imposibilidad de ingreso al país de tecnología de avanzada que las industrias locales requieren para sus líneas de producción. “Además, la licencia se debe dar entre 30 y 60 días, y ese tiempo se está duplicando. Esto trae un desaliento a la inversión, crea incertidumbre para el que debe producir con esa máquina, y frena la inversión. Y hasta hay muchos equipos que ya fueron abonados, pero están descansando en el puerto , indica Bonazzi, quien agrega no poder creer que existan licencias de importación de máquinas que ni se producen en el país. “Es insólito. Esto ocurre porque no fuimos consultados como cámara , remata.
En el sector textil, estas medidas vienen arrojando un resultado positivo, lo que demuestra el éxito de aplicación si se realiza antes el análisis junto a los que trabajan en el día a día. “Las necesidades inmediatas en la protección del mercado interno frente a la avalancha de importaciones asiáticas están muy bien atendidas por el Gobierno. Con estas licencias, se detuvieron bastante los ingresos de la cadena de indumentaria como hilados y tejidos, sumándose este año las toallas, sábanas y mantelería , remarca Mariano Kestelboim, economista de la Fundación Pro Tejer.
Los sectores del juguete y calzado, que no requieren de una cuantiosa importación tecnológica, también se vieron beneficiados por estas medidas, y lo han expresado en los últimos días. Horacio Moscheto, de la Cámara de la Industria del Calzado, hizo hincapié en que la producción en la Argentina creció de 35 millones de pares que se fabricaban en el año 2002 a 90 millones que se elaboran actualmente.
nINCENTIVO FISCAL: Una medida que afecta también seriamente a los fabricantes locales es la demora que existen en la recepción del 14% de incentivo fiscal para las empresas de máquinas y herramienta. Este incentivo es otro punto importante para el análisis de costos de los empresarios locales, y la inestabilidad de esta percepción genera, sumado a las dificultades anteriormente mencionadas, un escenario de incertidumbre que imposibilita las decisiones para invertir en el crecimiento de la industria nacional. El problema es que este porcentaje no se está cobrando desde el año pasado en mucho casos. Por ejemplo, si el fabricante vende un bien que sale $ 100, al cliente local se lo cobra $ 86, y el resto lo debería aportar el Gobierno, que dejó de abonarlo, lo que resiente el margen de ganancia de las empresas.
Lourenzo también pide que se reactive el aliento a la inversión a través de la desgravación de Ganancias, ley que presentó el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, pero quedó encajonada en el Congreso, perdiendo incluso tratamiento legislativo.
nLEGISLACIÓN LABORAL: Se solicita una moderna ley de trabajo a domicilio y tercerización de trabajo; reconociendo la asociatividad entre pymes. Desde la Fundación Pro Tejer destacan que la principal e histórica problemática a combatir es el trabajo a domicilio en los talleres de menos de 15 personas. Por ello, insistirán con la derogación de la ley 12.713, que data del año 1941, la cual indica que el dueño del taller es patrón de las personas que tiene a su cargo, pero a su vez empleado de ellos. El proyecto que los empresarios del sector esperan sostiene que un obrero a domicilio tiene los mismos derechos del que goza en un comercio. Y si el lugar tiene a más de una persona trabajando, ya debe considerarse una empresa.
nMAYOR PROTECCIÓN COMERCIAL REGIONAL: Diversas entidades mantienen un histórico reclamo de aplicación a nivel nacional de la ley que imposibilita la instalación de grandes superficies, como shoppings, en espacios físicos, donde el comercio barrial y regional corre con gran desventaja. “Permitir que se sigan instalando grandes centros comerciales y supermercados, principalmente en las principales ciudades del interior, destruye la actividad y empleo de las pymes , subraya Lourenzo.
nRIESGO DE TRABAJO: Las modificaciones de la ley de riesgos del trabajo es un tema pendiente desde hace años del sector pyme que reclama un marco jurídico claro. Desde que varios fallos de la Corte habilitaron la vía judicial para los empleados damnificados -más allá de la tarifa asignada por la ART- la inseguridad jurídica es un reclamo constante.
Desde Cgera se solicita una tasa única de riesgo de trabajo para todos los trabajadores; para que el empresario pyme no pague un 350% más que una gran empresa, como sucede en los sectores de mayor riesgo.
“Si se socializan la misma tasa de ART para todos será más equitativa, ya que los sectores que no son de alto riesgo siempre pagan menos. Una curtiembre chica puede llegar a abonar una tasa del 8% del salario, y eso es muchísimo para el tamaño de la firma. Queremos un solo fondo y que las empresas que tienen accidentes paguen una sobretasa, pero que no sea por actividad , propone Dos Reis.
nDINAMISMO DE LA AGENDA DIGITAL: En mayo el Gobierno lanzó la agenda digital, luego de varios pedidos de los principales actores del sector del software. Esta iniciativa apunta a otorgarle “direccionalidad estratégica al uso y aplicación de las TIC para generar mayor inclusión y fomentar el desarrollo .
Sin embargo, no se informó en el lanzamiento ni figura en el sitio web específico del plan los recursos presupuestarios y los plazos que tendrá asignado este proceso. “Pedimos la agenda y fue instaurada. Lo que tenemos que hacer urgente es trabajar en las acciones concretas para que se cumpla todo lo que está previsto, como la aplicación de una mayor tecnología en educación, cambiar drásticamente el sentido de la capacitación, traerla al siglo XXI, dejar de enseñar geografía con un mapa, sino con ofertas más de avanzada, o enseñar matemáticas a través de juegos con contenido educativo. También será muy importante poder centralizar la información de todos los hospitales e historias clínicas de los pacientes , se entusiasmo Miguel Angel Calello, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (Cessi).