Con el objeto de mitigar y revertir los efectos no deseados de la Ley de Salideras Bancarias y con el propósito de continuar trabajando en el sentido que lo viene haciendo el BCRA (temas abordados más adelante), los autores proponen que los bancos comerciales (en especial los públicos) propongan e implementen un nuevo medio de pago seguro adaptado a su operatoria diaria a fines de priorizar la calidad de las prestaciones para sus clientes al menor un costo agregado (privado y social) posible. El BCRA como principal ente regulador podrá supervisar y regular la implementación de la propuesta (tanto en su calidad como en su valor). Esta estrategia facilitará la acepción del nuevo producto, tanto entre los bancos como el público en general, maximizando así su probabilidad de éxito.

Certificados de Efectivo (CEDEF): En línea con lo antedicho, los autores proponen el desarrollo e implementación conjunta de los Certificados de Efectivo (CEDEF) donde la Titularidad del Certificado es su característica distintiva respecto del Dinero en Efectivo. Este Certificado se emite a partir de un depósito de dinero en efectivo en un banco comercial bajo una cuenta llamada, por ejemplo ‘Cuenta Custodia‘, la cual será utilizada únicamente con motivo transaccional. En consecuencia, el CEDEF minimiza el riesgo de que su portador sea agredido físicamente producto de un robo dado que el Certificado en sí representa dinero en efectivo solo para su único titular quien puede denunciar a su banco emisor el extravío y rápida reposición.

Adicionalmente, el CEDEF está basado en un innovador mecanismo transaccional que reemplaza la transferencia de los valores entre titulares de cuentas bancarias por el cambio en la titularidad de la ‘Cuenta de Custodia‘ y por lo tanto, los valores depositados en ella. En consecuencia, los usuarios de CEDEF obtienen importantes beneficios económicos dado que dicho mecanismo transaccional no está alcanzado por el impuesto a las transferencias financieras (ITF), conocido como impuesto ‘al cheque‘.

Sobre sus efectos fiscales: A partir de la evidencia obtenida de las víctimas de las salideras bancarias se desprende (en forma de consenso generalizado) que estas pertenecen a un segmento de contribuyentes que posee muy baja o nula voluntad de pago del mencionado impuesto. En consecuencia, ofrecerles un nuevo instrumento, como por ejemplo el CEDEF, tiene para el gobierno un costo fiscal nulo (o poco significativo). Adicionalmente, este medio de pago promueve las operaciones ‘en blanco‘ facilitando así el cobro de Ingresos Brutos, I.V.A. e Impuesto a las Ganancias, entre otros impuestos.

Ley de Salideras Bancarias: En contraposición a la propuesta descrita precedentemente, la implementación de dicha ley promueve el uso del Dinero en Efectivo por parte del público en general (individuos, comerciantes, empresarios Pymes y cuentapropistas) dado que ofrece una cobertura adicional en términos de seguridad para su retiro de los bancos.

Esto deriva en las siguientes consecuencias:

i. En términos de la Recaudación de Impuestos: (a) esta Ley renuncia implícitamente a la recaudación del ITF por parte de individuos, comerciantes y cuentapropistas, entre otros, dado que promueve la sustitución del cheque por el dinero en efectivo y (b) promueve tal vez el efecto más indeseado, el desarrollo de las operaciones ‘en negro‘ y por lo tanto la imposibilidad de fiscalizar y cobrar los siguientes impuestos: Ingresos Brutos, I.V.A. y Ganancias, entre otros.

ii. En términos de la Seguridad, dicho problema se agravará en el mediano plazo dado que la inseguridad se traslada desde Salidas de los bancos hacia a los Comercios y Casas de familias.

En consecuencia, dado que esta Ley facilita la salida del dinero en efectivo desde los bancos implícitamente promueve el desarrollo de una economía ‘en negro’ basada en el uso generalizado del efectivo por parte del público en general agravando así los problemas de inseguridad y los costos fiscales para el gobierno (nacional y provincial).

La Propuesta del BCRA: este último acaba de lanzar formalmente un medio de pago asimilable a la entrega de dinero en efectivo, llamado Cheque Cancelatorio (CC), que surgió después del año 2001 pero su aceptación nunca llegó a generalizarse. Si bien este producto posee la ventaja de ser gratuito para sus usuarios dado que el BCRA centraliza su administración y operatoria (probablemente para justificar su gratuidad) su administración y gestión se vuelve compleja y costosa para los bancos comerciales lo cual representa un costo adicional encubierto para los mismos.

Producto de la centralización de su administración, los usuarios de este instrumento también enfrentarán costos adicionales (encubiertos o explícitos). Por ejemplo, en caso de extravío o robo de un CC el proceso de reposición para su beneficiario se vuelve lento y complejo pudiendo en consecuencia este último perder una oportunidad comercial. Esto se debe a que los bancos comerciales deben abrir una cuenta en el BCRA por cada CC que emiten y en caso de que este sea denunciado por robo o extravío el beneficiario del CC deben cobrarlo en el BCRA (sin precisarse aún el lapso de tiempo necesario). Esta contingencia o costo encubierto se volverá explicita cuando su usuario deba contratar un Seguro de Rápida Reposición con una comisión al pormilaje. Este sobrecosto no debería pagarse en el caso de una alternativa como la presentada anteriormente (CEDEF) dado que los fondos se encuentran caucionados en los bancos y por lo tanto el documento se puede reponer en forma instantánea sin costo alguno o un mínimo costo fijo, independientemente del monto nominal del documento. Estos aspectos se traducen en una falta optimismo por parte de la gente del sector respecto de su probabilidad de éxito entre el público en general.

La dimensión social: La evidencia nos indica que las extracciones de dinero en efectivo se canalizan mayoritariamente a la compra de autos, motos e inmuebles. En términos de magnitudes, el corriente año 2010 finalizará con más de 640.000 transacciones en el segmento de los 0Km donde el 65% pertenecen a la gama baja (con un precio promedio de $60.000) mientras que el segmento de los usados alcanzará 1.450.000 transacciones (con un precio promedio de $37.000). En consecuencia, la extracción y el riesgo en el manejo del efectivo afecta en gran medida a sectores medios y medios bajos de la sociedad que poseen un trabajo registrado (o ‘en blanco’) y que al momento de gastar sus ahorros perciben como injusto el pago del ITF. Como habíamos adelantado, es un sector con una baja o nula voluntad de pago del mismo.

En función de lo antedicho, surge que el desarrollo y lanzamiento de un nuevo medio de pago seguro constituye una iniciativa de tipo social dentro de la cual los bancos públicos pueden ocupar un espacio de liderazgo protegiendo a un sector vulnerable de nuestra sociedad.