La aparición reiterada de facturas falsas en el mercado hizo que la AFIP profundizará sus acciones de fiscalización para establecer el origen del fenómeno. Las conclusiones arribadas determinaron que en todos los casos se trataba de la misma maniobra: la creación de sociedades “fantasmas , cuyo único objetivo era la facilitación de la evasión.

Ante esta situación la AFIP incluyó en el Plan Antievasión una propuesta que planteaba la puesta en marcha de un “Registro Nacional de Sociedades que utilizará la CUIT como único identificador de personas jurídicas. La iniciativa comprendía también un aspecto vinculado con la tecnología, ya que auspiciaba la confección del registro aludido, por vía informática.

El año pasado, el Congreso sancionó la ley Nº 26.047, a partir de la cual se crea un registro único de sociedades, que integra al Registro Nacional de Sociedades por Acciones, a los Registros Nacionales de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones Civiles y fundaciones, y al Registro Nacional de Sociedades no Accionarias.

Esta ley establece, además, que la organización y funcionamiento de los Registros Nacionales estarán a cargo de la Inspección General de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, por medio de sistemas informáticos desarrollados y provistos por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

A partir de la fecha, con la firma de un acuerdo de colaboración y desarrollo de actividades, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Alberto Iribarne, y el administrador federal de Ingresos Públicos, doctor Alberto Abad, dan inicio a la ejecución de las acciones conjuntas necesarias para la implementación de la ley a nivel nacional.

De este modo se implementarán los sistemas informáticos para el funcionamiento del Registro Nacional de Sociedades con la incorporación de la CUIT; y los procedimientos de interconexión de todas las bases involucradas, a nivel nacional, y de las provincias que adhieran, en el futuro, al sistema.

Este Registro Nacional se desarrollará con la participación de las provincias que mantienen sus facultades registrales pudiendo integrarse al sistema nacional; aumentará la tansparencia y la certeza jurídica, al conocerse, desde su formación, la integración y la identidad de los integrantes de una persona jurídica; y permitirá homogeneizar el control.