YPF: tras el fallo de u$s 16.000 millones, la próxima batalla de Burford será que Argentina pague

Para Cristina Fernández de Kirchner, la nacionalización de la petrolera YPF en 2012 no sólo era necesaria para "salvaguardar la soberanía hidrocarburífera" de su país. En un programa de televisión en el que anunciaba la operación, la entonces presidenta afirmó que se cumplía el "sueño de toda la vida" de su familia. Once años después, ese sueño amenaza con convertirse en pesadilla, después de que un tribunal de Nueva York concediera una indemnización récord de u$s 16.000millones en daños y perjuicios a dos accionistas minoritarios de YPF. Las demandas fueron financiadas por Burford Capital a cambio de un porcentaje de la indemnización. Las acciones de Burford, que cotizan en Estados Unidos y el Reino Unido, se dispararon casi una quinta parte tras la sentencia de la semana pasada, aunque advirtió a los inversores de que los casos en los que está involucrada "a menudo se resuelven por un importe considerablemente inferior al de cualquier sentencia dictada por los tribunales", y que podría seguir una prolongada batalla legal. Argentina confirmó poco después su intención de apelar. El veredicto, junto con la actitud desafiante de Argentina frente a la crisis económica, ha dado lugar a comparaciones con la batalla de 15 años del hedge fund Elliott Management para obligar al gobierno a pagar su deuda defaulteada. Esta cruenta lucha, que tuvo lugar en el mismo tribunal de Nueva York donde Burford logró su victoria, terminó finalmente con un acuerdo de u$s 2400 millones en 2016. Jay Newman, que encabezó la campaña de Elliott en ese momento, dijo que "este reclamo es tan grande que, incluso si quisiera, Argentina no podría pagar". El país debe casi u$s 422.000 millones, en su mayor parte a tenedores de bonos locales y al FMI, de los que unos u$s 126.000 millones vencen a fines de 2024, según Salvador Vitelli, jefe de estudios de la consultora argentina Romano Group. Newman añadió que espera que Burford -cuya parte de los u$s 16.000 millones probablemente sea de unos u$s 6000 millones-, en última instancia sufra un recorte significativo. Burford es "creativo y tenaz", dijo, "pero, a corto plazo, no conseguirá ni la mitad. Argentina está en una situación desesperada, eso no va a ocurrir". Por el contrario, Julian Roberts, analista de Jefferies, cree que los inversores "probablemente tengan razón al pensar que [Burford] puede recuperar la mayor parte del acuerdo", aunque podría llevar "otros tres o cuatro años" llegar a un acuerdo. Burford podría "sin duda utilizar la posibilidad de mantener a Argentina fuera de los mercados de créditos como palanca para traerlos a la mesa", añadió. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof -que supervisó la expropiación de YPF y cuyos comentarios sobre la "estupidez" de cumplir los estatutos de YPF se citaron en la sentencia- adoptó un tono desafiante en los días posteriores a la decisión. El fallo, dijo, "seguramente termine en la Corte Suprema [de EE.UU.], porque esta vez la violación de la soberanía argentina es tanto o más grave que la del anterior ataque buitre", en referencia a la campaña de Elliott. Burford dijo que no revelaría públicamente "sus estrategias de ejecución o liquidación". Pero una persona con conocimiento del asunto dijo que la empresa, que cuenta con un equipo de 30 especialistas en recuperación, confiaba en no sufrir una batalla tan cruenta o tan larga como la de Elliott, y señaló el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre con los tenedores de deuda, "a lo largo del tiempo Argentina ha pagado todas o prácticamente todas las sentencias y laudos arbitrales en contra". La empresa, cuya cartera actual representa un valor potencial al menos tres veces superior al de la demanda de YPF, también puede permitirse una larga batalla, pues ya ha recuperado su inversión original en el litigio de YPF. Hasta la fecha Burford ha gastado unos u$s 60 millones en el juicio, pero ha ganado más de u$s 235 millones vendiendo aproximadamente el 30% de una de las demandas a terceros. Un intento de desprestigiar a la empresa de forma similar a como se atacó a Elliott por "intentar extorsionar" a Latinoamérica no disuadiría a Burford, según le dijo el cofundador de la compañía, Christopher Bogart, al Financial Times, quien anteriormente dijo que temía viajar a Argentina. Las críticas del país al papel de la empresa en el caso fueron reprendidas por la juez Loretta Preska, quien escribió que la "República no debe ni más ni menos por la participación de Burford Capital". "De alguna manera hay que presentar estas demandas o los acreedores de esos patrimonios nunca recibirán un céntimo", dijo Bogart. "Es totalmente apropiado que se pidan cuentas por una conducta claramente ilegal... Argentina admite que consiguió un activo que quería por un buen precio, y ahora lo único que hace es pagar por él". Los abogados de Argentina dijeron que la sentencia era "jurídicamente errónea" y que las acciones de los accionistas minoritarios en YPF "nunca fueron expropiadas". "Un tribunal estadounidense nunca debería haber aceptado decidir sobre los reclamos de derecho corporativo argentino bajo la ley argentina gobernante, que pertenecen a un tribunal argentino", agregaron. Un tribunal de apelaciones estadounidense concluyó en 2019 que el caso pertenecía a Nueva York, ya que YPF cotizaba en la Bolsa de la ciudad. Los políticos de la oposición en Argentina, que se prepara para una elección presidencial muy disputada en octubre, dirigieron la mayoría de sus críticas al gobierno peronista. La coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio (JxC) presentó la sentencia como una prueba de la mala gestión económica de los peronistas, con destacados miembros pidiendo consecuencias para los funcionarios que supervisaron la expropiación, incluida Fernández de Kirchner, ahora vicepresidenta. Javier Milei, el candidato libertario antisistema que ha abogado por la posible reprivatización de YPF, afirmó que el caso "demuestra lo caro que nos cuesta la casta política chorra, parasitaria e inútil". Darío Epstein, asesor económico de Milei, cree que "el pago no será un problema hasta dentro de varios años". Argentina dispondrá de muchas tácticas dilatorias. El abogado del país probablemente pedirá que se suspenda la ejecución de la sentencia mientras apela contra ella, sin necesidad de depositar una fianza. Burford podría solicitar una sentencia en virtud de un artículo de la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera que le permitiera eventualmente embargar activos argentinos, pero como Newman descubrió durante la prolongada campaña de Elliott, "si un soberano no quiere pagar, tiene muchas herramientas y mucho tiempo". Durante su batalla con Elliott, Argentina "se puso prácticamente a prueba", añadió Newman, al mantener sus activos fuera del alcance de EE.UU. A los abogados del hedge fund les resultó casi imposible localizar ninguna participación argentina de envergadura, ya que tribunales de todo el mundo rechazaron reclamos sobre diversos yacimientos y depósitos. El audaz embargo de un buque de la Armada argentina en un puerto de Ghana, que supuso una vergüenza para Buenos Aires, fue declarado ilegal por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de la ONU. También fracasaron los intentos de incautar dólares argentinos en la sucursal de la Fed en Nueva York. Facundo Martínez, director de IERAL y asesor del candidato a ministro de Economía de JxC, Carlos Melconian, afirmó que el factor más importante para determinar si se paga a Burford será que el próximo gobierno "ponga en marcha un plan serio" para estabilizar la economía. Según los economistas privados, las reservas están actualmente en números rojos, en torno a los u$s 4500 millones, y aunque se prevé una cosecha agrícola abundante el año próximo, se necesitarán "muchos años" para volver a un nivel saludable, dijo Martínez. "No nos falta voluntad de pago, lo que nos falta es capacidad de pago. Y un pagaré de un deudor insolvente no vale nada".

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Joe Miller y Ciara Nugent

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