Suiza firmó ayer un convenio multilateral para combatir la evasión de impuestos. Se trata de la señal más reciente de que el mayor paraíso fiscal del mundo está cediendo a las presiones sobre el secreto bancario.
El compromiso de Suiza para ayudar a otros gobiernos a localizar a evasores de impuestos se produce seis semanas después de que el G20 afirmara que espera que todas las jurisdicciones se unan a la convención sin demora.
La ofensiva global contra la evasión de impuestos ha cobrado impulso después de la crisis financiera, impulsada por los déficits presupuestarios y los escándalos derivados de robos de datos bancarios.
El gobierno suizo destacó que la firma de la convención sobre la llamada asistencia administrativa mutua en materia impositiva confirma su compromiso con la lucha global contra el fraude fiscal y evasión de impuestos con el fin de salvaguardar la integridad y la reputación del centro financiero del país.
Pascal Saint-Amans, alto funcionario del área de impuestos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), calificó la iniciativa suiza como muy significativa, y acotó que reforzará la tendencia creada por los centros offshore extranjeros como Luxemburgo y Singapur que firmaron la convención en mayo.
La convención exige a los gobierno
s cooperar con los pedidos de información provenientes de otros países, ayudar con las auditorías fiscales y exigir el cumplimiento de los reclamos tributarios. Constituye un avance hacia un acuerdo más concreto que está impulsando el G20 sobre intercambio automático de información, el cual tendrá lugar por mutuo acuerdo de los países interesados.
Suiza, con su larga tradición de secreto bancario, tiene un rol crucial en la iniciativa internacional en pos de la transparencia debido a su gran escala, ya que administra activos offshore por u$s 2,2 billones, según Boston Consulting Group.
El país no ratificará la convención de asistencia mutua este año porque su parlamento debe aceptar la decisión y someterla a un referéndum.
Suiza sigue recibiendo críticas debido a que todavía no alcanzó los mismos estándares de transparencia que se aplican en otros centros offshore, según informes elaborados por el foro global de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información.
El gobierno suizo aceptó hacer los cambios exigidos por la OCDE, incluyendo la revisión de los tratados de doble tributación, brindar mayor transparencia en las acciones al portador (que son documentos físicos que confieren la propiedad de las empresas) y fijar normas más estrictas sobre intercambio de información. Esas modificaciones también requieren la aprobación del parlamento y están sujetas a un referéndum.