El presidente Emmanuel Macron advirtió que el gobierno prohibirá las protestas que no estén organizadas por grupos legítimos, como los sindicatos, para evitar que se repitan los disturbios y saqueos que estallaron en toda Francia el fin de semana pasado.
Los toques de queda limitados en zonas de París y otras grandes ciudades lograron, en líneas generales, calmar los disturbios en los últimos días. Pero las autoridades se preparan para otra jornada de protestas potencialmente masivas el sábado, a medida que un movimiento que comenzó con estudiantes secundarios hace varias semanas se transforma en una ola más amplia de enojo por el costo de vida y por la presidencia de Macron.
El gobierno prometió un despliegue policial “masivo” y señaló que, de ser necesario, podrían enviarse soldados a custodiar nodos de transporte o sitios sensibles, para liberar recursos policiales.
“Cuando las solicitudes para realizar manifestaciones sean presentadas por personas que no tienen legitimidad para hacerlo, los prefectos las prohibirán, porque este no es el momento, porque queremos un regreso a la calma”, dijo Macron sobre el criterio que se aplicará de cara al sábado.
Las solicitudes de los sindicatos para manifestarse serán evaluadas por las autoridades locales, y podrán proponerse recorridos alternativos para las marchas “para proteger los centros de las ciudades, los comercios y los edificios públicos”, afirmó.
“Donde no estén organizadas por los sindicatos, las prohibiremos dondequiera que podamos”.
Desde el fin de semana pasado, las autoridades de algunas ciudades ya impusieron prohibiciones focalizadas y temporales a las protestas con el objetivo de garantizar el “orden público”, como en Marsella y París.
Pero para el jueves por la noche, las autoridades locales anunciaron prohibiciones de protestas en muchas de las ciudades más grandes de Francia, como Marsella, Lyon y Niza. En París se permitirá una protesta encabezada por los sindicatos, que seguirá un recorrido habitual desde la Place de la République hasta la Place de la Nation, en el este de la ciudad.
Este enfoque es mucho más restrictivo de lo habitual en Francia, donde el derecho a la protesta está protegido por la Constitución. Éric Coquerel, diputado de extrema izquierda, criticó las decisiones como “un ataque a la libertad” que solo agravaría los problemas de seguridad.
El gobierno se apura para evitar que se repitan escenas que conmocionaron al país y captaron la atención mundial, incluida una dura condena del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Funcionarios franceses admitieron que manejaron mal la respuesta policial el sábado pasado, cuando un despliegue insuficiente se vio desbordado mientras las protestas pacíficas degeneraban en disturbios y saqueos. Unas 3.000 tiendas fueron saqueadas y 2.300 personas fueron detenidas solo el sábado.
Macron volvió a decir que los manifestantes pacíficos no fueron responsables de los disturbios, y culpó a “grupos ultraizquierdistas” de cometer “actos sediciosos”. Luego se les sumaron saqueadores oportunistas, dijo.
La municipalidad de Limoges fue incendiada por esos atacantes de “ultraizquierda”, según funcionarios, y el primer sospechoso fue detenido el martes.
Los disturbios sumaron más presión sobre Macron y su gobierno en minoría justo cuando enfrenta una inminente batalla por su impopular proyecto de presupuesto para recortar el déficit y unos mercados cada vez más nerviosos.
Una venta masiva en el mercado de bonos llevó el costo de endeudamiento a 10 años de Francia por encima del 5% por primera vez desde 2002. Una nueva ola de ventas el jueves llevó la tasa de interés adicional que paga Francia en relación con la deuda alemana, considerada refugio, por encima de 1,7 puntos porcentuales, su nivel más alto desde la crisis de deuda de la eurozona.
Antonio Fatás, profesor de Economía en la escuela de negocios Insead, dijo que Francia enfrenta una combinación “catastrófica” de amplios déficits y parálisis política.
La esperanza, agregó, es que el gobierno pueda resistir las protestas y sacar adelante un presupuesto 2027 que mejore las finanzas públicas. “Como mínimo, el próximo mes va a ser un infierno de volatilidad para los bonos franceses”, añadió.
Los disturbios también amenazan con afectar al turismo, un motor económico clave, y algunos hoteles reportan cancelaciones. Varios de los museos más grandes de la capital, como el Louvre y el Musée d’Orsay, cerrarán el sábado.
Art Basel Paris, una prestigiosa feria de arte que se realiza esta semana en el Grand Palais, anunció la cancelación de su apertura del fin de semana. La feria tuvo sus preestrenos VIP de martes a jueves, cuando las galerías participantes concretan la mayor parte de sus ventas, y de viernes a domingo iba a estar abierta al público general.
En Francia, las protestas están permitidas por defecto, aunque el gobierno puede prohibirlas cuando existe una amenaza grave al orden público. Esas prohibiciones pueden apelarse judicialmente.
Los organizadores deben notificar con anticipación a las autoridades cuándo y dónde pretenden manifestarse. Con los sindicatos existe un sistema establecido de negociación y planificación de recorridos y seguridad que suele ayudar a garantizar manifestaciones pacíficas.
Las manifestaciones del 17 de octubre que degeneraron en caos no fueron organizadas por los sindicatos nacionales, sino que surgieron de una campaña de base en redes sociales contra el alto costo de vida, antes de que se sumaran grupos estudiantiles y activistas de izquierda.
Los alborotadores se enfrentaron con la policía en el centro de Lyon en una batalla campal que duró horas la semana pasada. Un edificio histórico donde funcionaba la oficina de turismo quedó reducido a cenizas, y cientos de comercios fueron dañados o saqueados.
Otra prueba clave este fin de semana será si puede mantenerse la seguridad en Orléans, una ciudad a orillas del río Loira, en el centro de Francia.
El partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Rassemblement National, realiza allí su congreso partidario, al que se espera que asistan 15.000 personas a lo largo de dos días. Partidos y activistas de izquierda convocaron a contraprotestas, a las que, según el prefecto local, podrían asistir hasta 30.000 personas.