Donald Trump fue un presidente estadounidense que rompió las normas durante cuatro tumultuosos años en la Casa Blanca. Ahora, con la acusación de un gran jurado de Manhattan en su contra el jueves por la noche, Trump y Estados Unidos se han adentrado de nuevo en territorio desconocido, posiblemente peligroso. La noticia de la votación del gran jurado echó por tierra las recientes especulaciones de que Alvin Bragg, fiscal del distrito deManhattan, podría estar vacilando en su compromiso con un caso tan divisivo iniciado hace cuatro años por su predecesor, Cyrus Vance. También consiguió sacudir a una nación aparentemente acostumbrada al caos de Trump tras las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones de 2016, dos destituciones, la negativa a participar en un traspaso pacífico del poder e incluso una insurrección mortal. Los seguidores dejaron de lado el rito primaveral del día de apertura de la temporada de béisbol y se volcaron a las redes sociales y la televisión para repetir los temas de conversación conocidos: la acusación era un ejemplo de que finalmente se hacía justicia, o un ejemplo de un sistema judicial politizado utilizado para acosar implacablemente a un solo hombre. Trump apoyó esto último. "Esto es persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia", escribió en un comunicado poco después de que sus abogados fueran informados de la acusación. "Incluso antes de que jurara como su presidente... los demócratas de izquierda, enemigos de los hombres y mujeres trabajadores de este país, han emprendido una caza de brujas". Lindsey Graham, el senador de Carolina del Sur y aliado de Trump, advirtió a Fox News que la acusación "destruiría Estados Unidos". Sobre Bragg dijo: "Ha abierto la caja de Pandora contra la propia presidencia". Los analistas políticos especularon sobre cómo afectaría la imputación al singular vínculo de Trump con los votantes republicanos, mientras que los historiadores invocaron a Nixon al debatir lo que significaba para el cargo de la presidencia. Una reacción singular vino de Yusef Salaam, miembro de los Cinco de Central Park, un grupo de jóvenes negros que fueron encarcelados injustamente por la violación de una mujer blanca que hacía footing en 1989. En aquel momento, Trump había aprovechado el apetito público de venganza sacando un anuncio a toda página en un periódico en el que pedía la pena de muerte. "Karma", dijo Salaam, ahora candidato a concejal, en un comunicado. Sea como fuere, la acusación vinculará permanentemente a Trump con Bragg, un hombre que en cierto modo es su rival perfecto: un negro de 49 años, licenciado en Derecho de Harvard, conocido por su temperamento tranquilo y su costumbre de evitar los reflectores. Incluso antes del jueves, Bragg se estaba convirtiendo en una figura odiada entre los conservadores. Desde que asumió el cargo hace poco más de un año ha presionado para reducir el encarcelamiento y dijo que su despacho dejaría de perseguir muchos delitos no violentos. Mientras lo hacía, investigaba a Trump por un pago de u$s 130.000 a una estrella de cine porno que aseguraba haber mantenido una relación con él en 2006, algo que Trump niega. Michael Cohen, que siendo abogado de Trump dijo en una ocasión que "recibiría una bala" por su jefe, ahora está en su contra. Declaró ante el gran jurado que había hecho el pago en nombre del entonces candidato justo antes de las elecciones de 2016 para comprar el silencio de Daniels. La noticia de la acusación no ha hecho más que aumentar el suspenso que rodea el caso mientras el país espera a que sea desclasificado por el tribunal para que los ciudadanos puedan evaluar los cargos por sí mismos. Luego vendrá el drama de la eventual entrega de Trump a las fuerzas del orden en Nueva York. Se espera que tenga lugar el martes, cuando podría convertirse en el primer expresidente estadounidense en tener una foto de prontuario, la toma de huellas dactilares y otras cuestiones relacionadas al sistema de la Justicia penal. "Al fin y al cabo, puede que sea el expresidente, pero a partir de las cinco de esta tarde, es un acusado", dijo Dan Horwitz, exfiscal que dirige un estudio de defensa para delitos de cuello blanco en McLaughlin Stern. Sin embargo, Trump requerirá una atención especial. La ciudad, por ejemplo, ha mantenido una fuerte presencia policial cerca de los juzgados del bajo Manhattan después de que Trump pronosticara su detención e instara a sus seguidores a protestar, despertando el temor a que se repitiera lo del 6 de enero de 2021. Sin embargo, como señaló Horwitz, "en gran medida, va a ser tratado como cualquier otra persona". Uno de los delitos que el fiscal había estado investigando, según varias personas informadas del asunto, se centra en la forma en que Trump reembolsó a Cohen los pagos. Según Cohen, se registraron falsamente en los registros de la empresa como gastos legales. Falsificar registros empresariales es un delito menor -es decir, un crimen menos grave- según la ley del estado de Nueva York. Se eleva a la categoría de delito grave, con una posible pena de cuatro años de prisión, si la falsificación se comete para ocultar otro delito. En este caso, ese delito podría ser una violación de la financiación de la campaña porque el soborno habría ayudado a la candidatura de Trump a la Casa Blanca. El problema, sin embargo, es que la posible violación de la financiación de la campaña sería una cuestión de derecho federal. Los abogados no tienen claro si una ley del estado de Nueva York y una ley federal pueden unirse de este modo. Un exfuncionario de la Fiscalía lo calificó de una "apuesta arriesgada", algo que no se había intentado antes. Karen Friedman Agnifilo, que pasó casi tres décadas en la oficina del Fiscal de Manhattan, coincidió en que se trataba de un caso "jurídicamente no probado", pero "importante". Para los escépticos, una comparación obvia es el caso de John Edwards. El que fuera candidato demócrata a la presidencia fue detenido en 2011 luego de que se revelara que había desviado casi un millón de dólares de los aportantes de su campaña a una amante embarazada de su hijo. Los pagos se realizaron durante la campaña de Edwards en 2008 y permitieron que la mujer pudiera permanecer oculta. Tras negar cualquier implicación en los pagos, Edwards declaró finalmente que no tenían fines políticos, sino proteger a su esposa moribunda. El jurado lo absolvió de un cargo y no llegó a un acuerdo en otros cinco. Quién es Ron DeSantis, el único republicano que le puede arrebatar la presidencia a Trump Algunos abogados defensores creen que Trump podría presentar un argumento similar. Mientras tanto, Cohen, un delincuente convicto con un historial de cometer falsedad, sería un testigo problemático, por no decir otra cosa. Es posible que el testimonio de Cohen se vea reforzado por el de Allen Weisselberg, el que fuera durante mucho tiempo CFO de la Organización Trump. El fiscal de Manhattan todavía está analizando cargos criminales contra Weisselberg por la larga práctica de la compañía de inflar los valores de sus propiedades con el fin de obtener beneficios tales como préstamos bancarios o cobertura de seguro en mejores condiciones, según varias personas familiarizadas con el asunto. Weisselberg cumple una condena de cinco meses de prisión tras declararse culpable de fraude fiscal. Los fiscales no han renunciado a lo que, hasta ahora, ha sido un frustrante intento de persuadirlo para que coopere contra Trump. Incluso dejando a un lado esas maquinaciones, otros expertos legales creían que Bragg estaba obligado a presentar una demanda tras destapar irregularidades, fueran cuales fueran las consecuencias. "A mí me parece un delito real", dijo Celeste Koeleveld, socia de Clifford Chance, que calificó la ley de mantenimiento de registros como una herramienta legítima que los fiscales estatales utilizan para mantener la honestidad de las empresas. Koeleveld se refirió a las ramificaciones políticas: "No se puede hacer lo que supuestamente ocurrió aquí y saltarse la ley impunemente por ser el presidente".
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