Sergio Moro fue en su momento una de las figuras públicas más populares de Brasil. Como la cara de una campaña anticorrupción en toda América latina, el exjuez era venerado por la derecha del país por enfrentarse a un sistema político corrupto plagado de una cultura de impunidad. Pero desde los momentos más intensos de la investigación, hace más de seis años, la estrella de Moro ha caído en picada, y su prestigio ha quedado maltrecho por el cambiante panorama político, las revelaciones de mala conducta y una serie de decisiones desafortunadas. Moro, quien otrora se presentó en los actos de la derecha como un superhombre fornido y fue considerado como un aspirante a la presidencia, es ahora una figura cada vez más aislada, con pocos aliados políticos. En las próximas semanas, enfrenta la posible pérdida de su escaño en el Senado por presuntos abusos en la financiación de campaña, así como a una investigación del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre su conducta durante la investigación Lava Jato. Una condena en este último caso podría impedirle postularse a las elecciones, según los analistas, lo que supondría un abrupto final para la carrera política de un hombre que, como juez federal en 2017, supervisó la condena y el encarcelamiento durante casi dos años de Luiz Inácio Lula da Silva, el líder de izquierda que volvió a la presidencia para un tercer mandato el año pasado. "Es importante entender que no se trata sólo de Lula o de un político de un partido u otro", dijo Camila Rocha de Oliveira, politóloga del Centro Brasileño de Análisis y Planeamiento. "Casi todos los políticos están en contra de Moro. También está aislado en la comunidad jurídica y en los tribunales, así que se encuentra en muy mala posición". Moro defiende su inocencia y su conducta. Cree que las diversas investigaciones que enfrenta tienen una motivación política, una venganza por su papel en el procesamiento de Lula y otros políticos durante la investigación Lava Jato. "El partido de Lula se ha aliado con políticos oportunistas y quiere, sin causa legítima, revocar mi mandato como venganza por el trabajo realizado durante la investigación Lava Jato y así también eliminar una voz de la oposición", le dijo Moro al Financial Times. "El gobierno de Lula ha abandonado, como era de esperar, la lucha contra la corrupción". Moro, de 51 años, comenzó a destacarse hace una década como el juez que supervisaba la investigación Lava Jato del sureño estado de Paraná. La investigación reveló una extensa trama de sobornos a cambio de contratos en la que estaban implicados ejecutivos del grupo energético estatal Petrobras, un cártel de compañías constructoras y decenas de legisladores de todo el espectro político. El Departamento del Tesoro estadounidense lo calificó como el mayor caso de soborno en el extranjero de la historia. Finalmente se recuperaron miles de millones de dólares y se les impusieron condenas por un total de más de 2200 años a 165 importantes figuras brasileñas, aunque sólo se cumplió una fracción de esos años. En uno de sus actos finales, la investigación atrapó a Lula, que había sido presidente entre 2003 y 2010, en un caso de soborno involucrando corrupción y lavado de dinero que acabó en su encarcelamiento durante casi dos años. En el apogeo de su popularidad, Moro fue nombrado en 2019 ministro de Justicia del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y con posibilidades de un cargo aún más alto. Entonces las cosas empezaron a desmoronarse. Mensajes filtrados de su época al frente de la investigación sobre corrupción parecieron mostrar su connivencia con fiscales e intercambio de información. El STF dictaminó que fue tendencioso en su juicio de Lula. La condena de Lula fue anulada en 2021, inicialmente por cuestiones jurisdiccionales, y posteriormente el caso se archivó por completo debido a límites de tiempo. Moro también cayó en desgracia entre la derecha brasileña. A poco más de un año de su período como ministro de Justicia, renunció en medio de un enfrentamiento con Bolsonaro por la presunta injerencia del entonces presidente en las investigaciones policiales. Moro fue elegido senador por Paraná a finales de 2022, pero desde entonces se ha visto obstaculizado por la falta de aliados políticos y las divisiones dentro de su partido Unión Brasil. Con el regreso de Lula a la presidencia en las mismas elecciones, su Partido de los Trabajadores (PT) no tardó en aumentar la presión sobre Moro. Pocos en la izquierda admiten los sobornos descubiertos durante la investigación Lava Jato y, en cambio, culpan a Moro de los costos económicos infligidos por su investigación sobre algunas de las mayores compañías deBrasil. También afirman que la investigación fue una estratagema de la derecha para tomar el poder. "Moro alimentó la criminalización de la política y destruyó compañías y empleos", dijo el año pasado Gleisi Hoffman, presidenta del PT. "Ahora el exjuez tendrá que responder por esto". Un tribunal electoral regional, actuando en respuesta a denuncias del PT así como del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, dictaminará el próximo mes si Moro excedió las reglas de financiación de campaña mientras preparaba su candidatura al Senado. Si los cargos son probados y confirmados, Moro podría perder su escaño y ser inhabilitado para postularse a elecciones durante ocho años. El STF también escuchará un caso contra el exjuez, después de que el magistrado José Antonio Dias Toffoli, exabogado del PT y en su momento objeto de la investigación Lava Jato, inició una investigación para determinar si Moro había cometido fraude como parte de los acuerdos alcanzados durante la investigación. Si es condenado, Moro podría ser inhabilitado para la política, según los analistas. El caso se produce tras otro veredicto del año pasado, cuando Toffoli anuló unilateralmente gran cantidad de evidencias obtenidas durante la investigación Lava Jato, alegando que los investigadores habían "faltado al debido proceso legal y actuado con parcialidad". Los analistas políticos dicen que los problemas de Moro son una combinación de su propia mala conducta mientras era juez y la exigencia de represalias por parte de sus enemigos. "El caso de Moro tiene un poco de ambas cosas. Está el hecho de que durante la investigación tomó medidas inaceptables. Pero también podemos inferir cierto grado de represalia. Los vientos políticos han cambiado", dijo Bruna Santos, directora del Instituto Brasil del Wilson Center, un grupo de expertos estadounidense. Moro ha jurado combatir las acusaciones, pero sus días en la palestra política parecen contados. "No le deseo mal", dijo el presidente del PL, Valdemar Costa Neto. "Pero no tiene forma de salir de esto".
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